La Justicia de Nicaragua ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a los que luego los privó de su nacionalidad.
En un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua divulgado, pero con fecha del 19 de mayo, ordena a la Procuraduría General de la República “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica”.
Además de sus bienes, la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua establece que “en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan”.
Según los magistrados de apelaciones, esta sentencia la dictaron como parte del cumplimiento a las “resoluciones dictadas por esa Sala Penal 1 Tribunal de Apelaciones de Managua” en febrero pasado, en la que “se ordenó la deportación inmediata y la pérdida de nacionalidad nicaragüense de las 222 personas sentenciadas por cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, así como por incitar a la violencia, el terrorismo y a la desestabilización económica”.
Entre los 222 excarcelados nicaragüenses expropiados se encuentran 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, Daniel Ortega.
Los expropiados son Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar a Ortega, en los comicios de noviembre de 2021.
Además de Chamorro, la lista de expropiados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
La lista incluye a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, a los exembajadores Mauricio Díaz y Edgar Parrales.
También a los dirigentes empresariales José Adán Aguerri, Michael Healy, y Álvaro Vargas, el banquero Luis Rivas, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, el exministro de Defensa Pedro Joaquín Chamorro, y los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez.
Igualmente figuran defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, dirigentes campesinos, sacerdotes, periodistas, activistas y profesionales independientes.
“Piñateros”, así reaccionó el líder estudiantil Lesther Alemán en Twitter.
La llamada “piñata” es un término que se usa en Nicaragua tras el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que consistió en la repartición de bienes y propiedades confiscadas a opositores.
“Nos han robado años de trabajo y sacrificio. Solo Dios sabe cómo personas como yo obtuvimos lo poco que teníamos, ahora vienen estos piñateros/abusivos se llevan nuestro patrimonio”, criticó, por su lado, el cronista deportivo excarcelado Miguel Mendoza.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Con información de EFE
