El Gobierno de Nicaragua denunció el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y anunció su salida de ese órgano judicial, al que solo pertenecía junto a El Salvador y Honduras, según una nota oficial divulgada este miércoles.
«El Gobierno de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de la fecha», indicó el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, en una carta fechada el 18 de marzo.
En la misiva dirigida al salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la CCJ, el canciller nicaragüense explicó que el 10 de diciembre de 1992, en ocasión de la XIII Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá aprobaron el Convenio del Estatuto de la CCJ.
«En estos 32 años, desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional», anotó el ministro de Exteriores nicaragüense.
Asimismo, tanto el Estatuto como el Reglamento de la CCJ «no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que, contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)», sostuvo el jefe de la diplomacia nicaragüense.
También está sometida «a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia o a países que no forman parte del Estatuto», afirmó.
Por tanto, «esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional», argumentó el canciller Jaentschke.
En diciembre pasado, el Gobierno nicaragüense presentó una solicitud de opinión consultiva ante la CCJ para que se pronunciara sobre la negativa del SICA de convocar a sesión para la elección del nuevo secretario de esa instancia.
Nicaragua hizo esa solicitud una semana después de enviar una nota de protesta a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana por oponerse a la elección del excanciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del SICA.
La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.
El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.
Con información de EFE
