- Temen inundaciones, desplazamientos forzados y daños ambientales por proyecto impuesto sin consulta previa
QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA.
Desde las primeras horas de este lunes, pobladores del municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, protagonizan una toma indefinida en la carretera internacional CA-4, como medida de protesta contra la construcción de la represa hidroeléctrica El Tablón.
La manifestación mantiene bloqueado el paso vehicular, generando un fuerte congestionamiento en esta vía clave que conecta la zona norte con el occidente del país.
Los manifestantes, agrupados en el Comité de Defensa de Quimistán y comunidades vecinas, denuncian que el proyecto ha sido impuesto sin una socialización adecuada y sin el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones afectadas.
Según afirman, la represa amenaza con inundar comunidades enteras del valle de Quimistán, provocando el desplazamiento forzado de más de 2,150 personas.
“Nos movilizamos para defender lo que es nuestro: Quimistán y San Marcos, la tierra, el agua, la vida”, declaró Luis Alejandro Arita, uno de los voceros del Comité. Arita subrayó que el proyecto no solo atenta contra el territorio, sino también contra el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro. “Esta es una lucha por nuestra dignidad, por nuestras raíces y por las futuras generaciones”, agregó.
Durante la protesta, se pueden observar pancartas con mensajes como “¡No al despojo!”, “¡Sí a la vida!” y “El territorio se defiende con el corazón y con unidad”, reflejo del profundo rechazo comunitario a lo que consideran un modelo de desarrollo excluyente y perjudicial.
La Policía Nacional se hizo presente en el lugar para mediar con los manifestantes. Según trascendió, se permitió el paso únicamente a vehículos livianos y motocicletas, pero el bloqueo continúa para el transporte pesado.
El Comité ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía nacional e internacional, así como a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, para que visibilicen la situación. Aclaran que no se oponen al desarrollo, sino a los proyectos que se implementan sin respeto a los derechos humanos ni al bienestar de las comunidades.
La toma se mantiene activa y los pobladores aseguran que no se retirarán del lugar hasta que el gobierno escuche su voz y garantice que no serán desplazados ni vulnerados por un proyecto que nunca les fue consultado.
