• El exfiscal de la República recuerda que los funcionarios están obligados a cumplir la promesa de ley, tras la negativa del consejero Marlon Ochoa a firmar la declaratoria electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exfiscal de la República, Edmundo Orellana, recordó este domingo, a través de sus redes sociales, que todo funcionario público, al asumir un cargo, realiza una promesa de ley cuyo incumplimiento conlleva responsabilidades legales y posibles sanciones penales.
El pronunciamiento surge luego de la negativa pública del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, de firmar la declaratoria final del proceso electoral, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el organismo encargado de administrar los comicios.
Orellana fue enfático al señalar que el juramento que realizan los funcionarios no constituye una formalidad vacía.
“No es una simple expresión retórica o una fórmula legal; es una promesa de Ley, un juramento, cuyo incumplimiento supone la violación a una ley, con consecuencias punitivas”, expresó el exfuncionario.
En su mensaje, el exfiscal recordó el contenido esencial de dicha promesa: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, subrayando que esta obligación es vinculante y no queda sujeta a interpretaciones personales o conveniencias políticas.
El señalamiento de Orellana se da en un contexto de alta tensión institucional, marcado por retrasos en el escrutinio especial, señalamientos cruzados entre actores políticos y una creciente presión sobre el Consejo Nacional Electoral para que concluya el proceso y emita la declaratoria dentro del plazo que establece la ley.
Analistas consideran que las declaraciones del exfiscal refuerzan el debate sobre la responsabilidad individual de los funcionarios electorales y la obligatoriedad de cumplir con los deberes constitucionales, independientemente de las disputas políticas que rodean el proceso.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el desenlace del proceso electoral, en un escenario donde los llamados al respeto de la ley y la institucionalidad se han convertido en el eje central de la discusión pública.
