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domingo, noviembre 24, 2024
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“No está derogado el Decreto 116-2019 sobre Fondo Departamental, para su derogación se requiere de 86 votos”: Mario Pérez

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, aseveró que el decreto 116 – 2019 no fue derogado tal y como lo dio a conocer el Congreso Nacional, dijo que el mismo decreto indica cuál es el procedimiento tanto para su reforma como para su derogación.

“El decreto no está derogado porque para ello se requieren 86 votos, el decreto dice que para reformarse o derogarse se requieren dos tercios de la totalidad de los diputados, no dos tercios de los que estén presentes en el Congreso como lo interpretó Luis Redondo”, señaló.

Pérez añadió que “han sucedido cosas raras, aquí es donde se decide cuando algo es constitucional y cuando no, ósea que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puede cerrarse, esos cinco magistrados no están haciendo nada porque ya no son ellos los que deciden qué es constitucional o no en Honduras”.

En ese contexto, el parlamentario asentó que la derogación del decreto 116 – 2019 fue derogado sin los requisitos legales por lo cual no adquiere eficacia jurídica.

“Lo van a mandar a sanción y Xiomara Castro lo va a firmar y lo va a mandar a La Gaceta, pero seguramente se va a impugnar y la Corte no va a tener más que apegarse a las sentencias que la misma Corte ya ha pronunciado sobre este tema en las que declaró que el decreto 116-2019 era constitucional”, comentó.

“Es un engaño, una mentira que el decreto se ha derogado y se les sigue engañando con actos ilegales que se cometen en el Congreso Nacional”, dijo.

Ante la interrogante sobre si ¿teme el partido nacional por la derogación del fondo departamental?, el parlamentario refirió que “no, si casos hay muchos, los diputados que fueron acusados son muchos. El decreto 116 – 2019 no ha parado que se hagan investigaciones, es mentira y totalmente falso. Lo que si aplica el decreto es lo que la Constitución establece que todo fondo público primero los audita el Tribunal de Cuentas y después los casos pasan a la fiscalía”.

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