• Acuerdo revela que Carla Paredes fue incorporada como médico de guardia meses antes de renunciar, con una remuneración muy superior a la del resto del personal sanitario
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un nombramiento discreto, un salario excepcional y dudas sin aclarar sobre la transición administrativa vuelven a colocar bajo escrutinio a la gestión saliente del sector Salud.
La exministra Carla Marina Paredes Reyes fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, cuatro meses antes de presentar su renuncia al cargo en enero de 2026.
Así lo establece el Acuerdo No. 7654-2025, firmado el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional de Servicio Civil.
El documento formaliza una “acción de personal” que incorpora a Paredes al régimen de Servicio Civil como médico general de guardia, con un salario mensual de 105,201.92 lempiras.
La cifra contrasta con la realidad del sistema público: una revisión de las planillas de la Secretaría de Salud de Honduras muestra que la mayoría de los médicos generales de guardia perciben alrededor de 36,000 lempiras, e incluso menos en algunos casos. En términos prácticos, Paredes gana más de tres veces el salario promedio de un médico en la misma función.
Del despacho ministerial a la guardia hospitalaria
Como ministra de Salud, Paredes percibía 110,000 lempiras mensuales. Con su nuevo nombramiento, la reducción fue de apenas 5,000 lempiras, una diferencia marginal si se compara con la brecha salarial existente dentro del sistema sanitario.
El acuerdo indica que desempeñaría funciones en el hospital de San Lorenzo, pero no precisa desde cuándo comenzó a devengar el salario, ni si existió superposición de sueldos durante los meses en que aún ocupaba la titularidad de la Secretaría.
Este vacío de información abre interrogantes sobre cómo se gestionó el cambio, si hubo pagos simultáneos y bajo qué criterios se justificó un salario tan por encima del estándar institucional.
Firmas, antecedentes y poder acumulado
La exministra asumió la titularidad de Salud en enero de 2024 durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, en sustitución de José Manuel Matheu. Además, desde noviembre de 2024 presidió la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cargo que ejerció de forma simultánea a sus responsabilidades en Salud.
En el marco de otras revisiones administrativas, se cotejaron firmas de la doctora Nerza Paz y de la secretaria Berta Hernández con documentos de una licitación pública de 2024 para servicios de limpieza en Salud, constatándose que las firmas coinciden, lo que refuerza la trazabilidad de decisiones administrativas concentradas en el mismo período.
Críticas tras la renuncia y choque con el nuevo gobierno
Semanas después de dejar el cargo, Paredes reapareció públicamente para cuestionar la emergencia en Salud decretada por el presidente Nasry Asfura.
“No hay una sola razón para declarar emergencia en el sistema de salud. El sistema público puede responder”, afirmó, y añadió que, a su juicio, la única motivación para una declaratoria de emergencia sería “meterle las manos a los presupuestos”.
Las declaraciones contrastan con los hallazgos administrativos y con la situación heredada, que incluye salarios impagos a personal sanitario y proveedores, y un sistema financiero tensionado.
Nombramientos de cierre y alertas de transición
El caso de Paredes se suma a una serie de designaciones realizadas en la recta final del gobierno anterior, como la del excanciller Enrique Reina en el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y la de la ministra de la Presidencia Sarahí Cerna al frente del Banco Central de Honduras.
Decisiones adoptadas a pocos días de concluir el mandato, que han encendido alertas por su impacto financiero y administrativo.
Fuentes internas señalan que en la Secretaría de Salud se habrían firmado múltiples acuerdos de nombramiento antes del cambio de gobierno, incluso con la intervención de dos secretarios generales, y advierten sobre otros posibles casos de favorecimiento, incluyendo asignación de plazas a familiares de figuras políticas y inconsistencias en la acreditación de títulos para justificar salarios elevados.
“Esto acuerpa la necesidad de que el presidente se involucre en Salud; amerita incluso una emergencia administrativa porque genera un problema al Estado”, advirtió una fuente.
Mientras avanzan las auditorías, el caso reabre el debate sobre ética pública, equidad salarial y transparencia en un sistema de salud marcado por la precariedad para la mayoría y excepciones difíciles de explicar para unos pocos.
