- Juan Flores, líder de la Fundación 15 de Septiembre, denuncia abandono estatal mientras miles de familias quedan expuestas a la deportación.
WASHINGTON, D.C.
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado una ola de angustia entre la comunidad migrante, pero también un reclamo frontal hacia el Gobierno hondureño, al que acusan de no haber hecho nada para defender a sus ciudadanos en el exterior.
“Nos ha caído como balde de agua fría. Es una noticia muy triste, sobre todo porque sabíamos lo importante que es el TPS para las familias hondureñas que llevan años construyendo una vida aquí”, declaró Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos migrantes en EE.UU.
Con más de 50 mil hondureños afectados, la medida entrará en vigor en 60 días. A partir de entonces, quienes han vivido legalmente en Estados Unidos bajo este estatus enfrentarán la amenaza directa de deportación.
Una lucha legal sin respaldo institucional
Flores anunció que ya se están articulando esfuerzos para presentar una demanda colectiva que busque frenar la cancelación y sostener la vigencia del TPS.
“Vamos a seguir una posición legal. Nuestra tesis es clara: en Honduras no existen condiciones para que nuestros compatriotas sean retornados. No se trata solo de perder un empleo, es que muchos quedan expuestos a una orden de deportación después de más de 20 años protegidos por este estatus”, señaló.
El activista también lamentó el silencio y la pasividad del Gobierno de Xiomara Castro, al que responsabiliza por no haber gestionado una estrategia diplomática efectiva.
“Es triste que el gobierno de Honduras no haya hecho nada por evitar esta situación, incluso teniendo acuerdos como el de tercer país seguro. Esperábamos una respuesta distinta, más enérgica, más comprometida con su gente”.
“No al pánico, pero sí a la acción”
Ante la incertidumbre, la Fundación 15 de Septiembre hace un llamado a la calma, pero también a la organización:
“Tenemos 60 días para actuar legalmente. A todos nuestros compatriotas les pedimos no entrar en pánico. Ya enfrentamos esta situación en 2018 y vamos a seguir luchando por una solución”.
La organización ya trabaja con equipos legales y redes de apoyo para preparar la estrategia jurídica. Según Flores, esta no es solo una batalla migratoria, sino una lucha por la dignidad y la unidad familiar.
“La lucha apenas comienza, y no vamos a permitir que miles de familias sean separadas o deportadas a un país que no ofrece condiciones dignas para su retorno”, concluyó.
¿Dónde está el Gobierno?
La respuesta oficial de Honduras ha sido limitada a comunicados diplomáticos sin mayor peso político ni acciones concretas. Para los líderes migrantes, el mensaje es claro: una vez más, han sido abandonados por su país cuando más lo necesitan.
