- Exempleados reclaman indemnizaciones y prestaciones; proceso se suma a embargo previo por más de L63 millones en varias municipalidades
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Una nueva demanda laboral por un monto de 27 millones de lempiras fue interpuesta este martes contra la Alcaldía de El Corpus, en el sur del país, por presunto incumplimiento de acuerdos conciliatorios relacionados con despidos de exempleados municipales.
Los demandantes, identificados como ex trabajadores de la comuna, reclaman el pago de indemnizaciones mediante embargo, argumentando que no se cumplieron compromisos previamente establecidos.
Exigen prestaciones, reajustes y daños y perjuicios
Entre las exigencias planteadas figuran el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste al salario mínimo, compensación por daños y perjuicios, así como el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, sueldos atrasados y vacaciones adeudadas.
El bufete encargado de la representación legal de los exempleados es Estudio Jurídico Ocon Zambrano y asociados, que impulsa la acción judicial en contra de la municipalidad.
Se suma a embargo millonario
Esta nueva acción legal se agrega a un embargo laboral anterior por 63 millones 178 mil 454.59 lempiras, promovido también por exempleados municipales.
El impacto de estos procesos no se limita únicamente a El Corpus. De acuerdo con información disponible, las alcaldías que han sido objeto de embargos laborales incluyen las de Choluteca, El Corpus, La Paz, Guata, Guarizama y Manguile.
Presión financiera sobre las comunas
Las demandas laborales y embargos representan una fuerte presión financiera para las municipalidades, muchas de las cuales dependen en gran medida de las transferencias del gobierno central para operar y ejecutar proyectos de inversión.
El incremento de litigios por despidos y obligaciones laborales pendientes abre nuevamente el debate sobre la sostenibilidad financiera de las alcaldías, la gestión del recurso humano y el cumplimiento de acuerdos conciliatorios que, de no ejecutarse, derivan en millonarios procesos judiciales que comprometen las finanzas locales.
