TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dio a conocer la noche del sábado a través de su cuenta oficial de twitter, que la derogación del fondo departamental se hizo y fue publicado en La Gaceta, a pesar que muchos sectores dijeron que se debía derogar con 86 votos.
“Publicada en La Gaceta la derogación del pacto de impunidad (Decreto 116-2019), derogación que durante años solicitó la Maccih y por la que fue expulsada de Honduras. Seguimos firmes con el acuerdo bicentenario y el plan de gobierno de Xiomara Castro para seguir fortaleciendo el marco legislativo para la lucha contra la corrupción”, dijo Redondo.
A su vez, Redondo puntualizó que “los hechos hablan más que mil palabras. La aplicación de justicia no se debe dilatar más, condenamos todo acto que pretenda mantener la impunidad al margen de la Constitución de la República y la ley”.
No obstante, varios juristas estimaron que para derogar el decreto 116-2019, se ocupaba mayoría calificada, es decir, 86 votos y no mayoría simple (65), tal como se aprobó la derogación de este decreto.
«Debió contar con la votación de 86 diputados, de lo contario recurrieron a la inconstitucionalidad», dice el abogado Juan Carlos Barrientos.
Barrientos dijo que, con menos de 86 votos, no surte ningún efecto legal.
«Puede atacarse su derogatoria con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad”, señaló.
Por su parte, la designada presidencial, Doris Gutiérrez, se refirió a la derogación del Decreto 116-2019 y dijo que no se ha quitado la raíz de la creación del Fondo Departamental y «esos artículos donde se crea el fondo solo pueden ser derogados o reformados con mayoría calificada».
La funcionaria describió que para que se concrete la derogación los diputados deben también derogar el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, porque caso contrario es como “que le quiten las ramas, pero no le quiten la raíz al árbol”.
Gutiérrez, insistió que si se quiere actuar en base a ley los diputados tendrán que ir a esa raíz, y para que la derogatoria sea efectiva tiene que derogarse el artículo en mención y cualquiera podría ir a presentar un recurso y decir que se mantiene el fondo porque no se ha derogado la creación.
Lo que se derogó fue una ley especial, que necesita se complemente con la derogatoria de también de la creación, reiteró la designada presidencial.
A favor de la derogación
El 2 de agosto de 2023, el Congreso Nacional derogó en tercer debate el decreto 116-2019.
Ese decreto era uno de los que las Naciones Unidas pedía eliminar para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Sólo la bancada del Partido Nacional votó en contra, a excepción del diputado Jorge Zelaya, que apoyó la derogación.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destacó la derogación del decreto 116-2019.
“La OACNUDH saluda la derogación del Decreto 116-2019, considerado parte del llamado Pacto de Impunidad, al tiempo que anima a seguir fortaleciendo el marco legislativo para la lucha contra la corrupción”, postearon en redes sociales.
La diputada del PSH, Ligia Ramos, afirma que el polémico decreto 116-2019 que contempla el Fondo Departamental fue claramente derogado. “Ellos lo aprobaron con mucho menos votos de lo que alcanzamos en su eliminación”, arguyó.
En ese mismo contexto, la diputada Maribel Espinoza expresó que “Finalmente se lograron los consensos necesarios para derogar el decreto 116-2019 (fondo departamental); un obstáculo menos para que venga la CICIH a Honduras; en adelante se debe observar la independencia del ejercicio de la acción penal, administrativa y civil en contra de funcionarios públicos que infraccionan la ley. Así se avanza por Honduras”.
Fondo Departamental
Los fondos se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2019.
Fueron creados, originalmente, en 2006 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y se contempló en el Presupuesto General de la República.
Lo anterior implica que mientras la normativa no fuera derogada, los parlamentarios podían solicitar recursos que, según los antecedentes, son fuentes de corrupción.
“Red de diputados” fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el que señaló a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.
El pasado 1 de septiembre de 2022, un juez de letras dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda, y del exdiputado José Vicente León.
Asimismo, se dictó sobreseimiento provisional para los exdiputados: Oswaldo Ramos Ramos, Ricardo Antonio Díaz y Rodimiro Mejía Merino.
Los parlamentarios fueron acusados de fraude y lavado de activos por crear ONG con las que, supuestamente, desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013-2017.
