TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A escasos días de que expire el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el panorama es desalentador: todo indica que se avecina una quinta prórroga. Una más, sin avances tangibles, sin resultados, y con una creciente sensación de frustración ciudadana.
La advertencia no viene únicamente desde la oposición, sino desde sectores que han acompañado históricamente la demanda de una instancia internacional que enfrente la corrupción estructural en el país.
La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, ha sido enfática en señalar que lo que está en juego no es solo un procedimiento técnico, sino la credibilidad misma del Gobierno de Xiomara Castro.
“Estamos hablando de un documento no vinculante que se suscribió el 15 de diciembre de 2022 y que se ha venido prorrogando cada seis meses. Lo que se avecina ahora es otra prórroga, sin avances concretos”, afirmó Mena, al tiempo que subrayó una “falta de voluntad política real” por parte del Ejecutivo.
La crítica no es menor. La CICIH fue uno de los estandartes de la campaña de Libre. No solo como promesa, sino como compromiso frente a una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, dos años después, el discurso gubernamental parece agotado. En lugar de resultados, hay explicaciones. En lugar de decisiones, hay dilaciones.
El gobierno, por su parte, ha intentado desviar la atención hacia el Congreso Nacional, alegando la falta de reformas legislativas como obstáculo principal para la instalación de la CICIH.
Pero Mena lo cuestiona directamente: “¿Quién tiene la responsabilidad principal en este convenio? Es el gobierno. Es la presidenta Xiomara Castro. Si no lo ha hecho hasta este momento, la responsabilidad recae sobre ella”.
La narrativa oficial —la de que el Ejecutivo ha hecho su parte y son otros actores quienes bloquean el proceso— se tambalea frente a los hechos: una cadena de prórrogas sin resultados visibles y sin una hoja de ruta clara que evidencie avances sustanciales.
Lo preocupante, además, es que el tiempo juega a favor de la desmemoria. Cada prórroga, cada excusa, diluye la presión pública y transforma una urgencia nacional en un expediente más, en una promesa olvidada. Mena lo reconoce: “Honduras necesita una instancia como la CICIH. Esto no es un tema de procedimiento; si hubieran querido, ya estaría instalada”.
En este contexto, el llamado no puede ser más claro: la ciudadanía no debe bajar la guardia. Las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación y los sectores sociales deben seguir exigiendo respuestas claras. No bastan las intenciones, se requieren acciones.
A medida que se acerca el 15 de junio, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿habrá voluntad política o simplemente otro aplazamiento más que alimente el escepticismo nacional?
