- Gobierno de Xiomara Castro firma acuerdo con Fondo OPEP para financiar agenda social, pero surgen críticas por el uso político de fondos públicos y el creciente endeudamiento externo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en un año electoral, la presidenta Xiomara Castro firmó este martes un nuevo préstamo por 50 millones de dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), como parte de un paquete de financiamiento total que asciende a 130 millones de dólares.
El acuerdo fue suscrito durante una reunión con el presidente del organismo internacional, Abdulhamid Alkhalifa, y, según la versión oficial, busca impulsar políticas sociales enfocadas en el empoderamiento de la mujer, personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, aseguró que este préstamo se suma a otros 80 millones otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y está alineado con las prioridades sociales del gobierno. Afirmó que se trata de un crédito concesional, con condiciones más favorables que el mercado: 5 años de gracia, 15 años de amortización y una tasa de interés cercana al 6 %, frente al 9–10 % habitual.
“Estos fondos llegan en condiciones mucho más favorables que las del mercado y representan una alternativa responsable para sostener los programas sociales y económicos del país”, señaló Duarte.
Preocupación por el endeudamiento y uso político
Pese al discurso oficial, economistas y sectores críticos advierten sobre los riesgos de continuar aumentando la deuda externa en un contexto fiscal débil y con baja capacidad de recaudación.
Además, el nuevo endeudamiento ocurre en pleno año electoral, lo que ha generado sospechas sobre la posible desviación de fondos hacia campañas políticas, especialmente tras los recientes señalamientos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se denunció el uso irregular de recursos destinados a programas sociales.
Organizaciones civiles han insistido en que la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria y los escasos mecanismos de rendición de cuentas hacen vulnerable este tipo de financiamiento, incluso si su objetivo declarado es reducir desigualdades.
Agenda social vs. realidad fiscal
El gobierno ha reiterado su compromiso con una política de desarrollo basada en derechos humanos, y Duarte insistió en que el respaldo de organismos multilaterales como OFID y CAF “demuestra la confianza internacional en la administración de Castro”.
No obstante, analistas coinciden en que la sostenibilidad de los programas sociales depende no solo del financiamiento externo, sino también de una reforma tributaria estructural y de una institucionalidad capaz de prevenir el clientelismo y la corrupción.
Mientras tanto, la deuda pública de Honduras sigue en aumento, y los ciudadanos —particularmente los más vulnerables— aún esperan que las promesas de inclusión social se traduzcan en cambios reales y duraderos.
