TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A una década de la promulgación de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, el Sistema Nacional de Protección en Honduras continúa enfrentando serios desafíos estructurales que ponen en riesgo la vida y labor de quienes defienden los derechos fundamentales en el país.
Así lo advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de un pronunciamiento en el que instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para revertir la peligrosa situación en la que se encuentran defensores y periodistas.
“El 15 de mayo se cumplieron 10 años desde la aprobación de esta ley, que fue un paso importante en el reconocimiento de la labor de quienes luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión”, recordó el organismo. No obstante, subrayó que el mecanismo de protección actual es insuficiente frente a los crecientes riesgos y amenazas.
La representante adjunta de la OACNUDH, Bardia Jebeli, expresó que el sistema enfrenta múltiples dificultades que comprometen su capacidad de respuesta efectiva. Entre ellas destacan la débil coordinación institucional, la falta de presupuesto adecuado, escasez de personal capacitado, constante rotación de funcionarios y la ausencia de formación especializada.
“Luchar contra la impunidad de los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas no es solo una obligación del Estado, sino también la forma más efectiva de proteger sus vidas y su labor”, manifestó Jebeli.
Además, la OACNUDH expresó su profunda preocupación por la impunidad reinante y la falta de consecuencias para quienes amenazan o atacan a defensores de derechos humanos, lo que perpetúa un ambiente de temor y hostilidad.
En su llamado, el organismo exhortó al Estado de Honduras a adoptar una política pública integral que aborde las causas estructurales del riesgo, que reconozca y respalde la labor de las personas defensoras, y garantice un entorno seguro para que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.
