TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un país marcado por el desencanto ciudadano, la polarización política y una creciente desconfianza hacia las instituciones, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) han lanzado un enérgico y crítico mensaje tras su asamblea plenaria celebrada del 2 al 4 de junio. En él, llaman a la conciencia colectiva y advierten sobre los riesgos que amenazan el tejido democrático y social del país.
En el documento titulado Queridos Hermanos, los prelados expresan su preocupación por el rumbo que ha tomado el ambiente político, especialmente ante las elecciones generales programadas para noviembre. Denuncian una campaña electoral marcada por la confrontación, el desprestigio entre partidos y la manipulación de la opinión pública a través de redes sociales —un terreno fértil, señalan, para la injerencia del crimen organizado.
“Nos preocupa la polarización… sostenida en campañas de desprestigio y el uso de redes sociales para alimentar la violencia y la mentira… y que estos conflictos estén siendo manipulados por grupos del crimen organizado”, alertan los obispos.
El mensaje no solo cuestiona el comportamiento de los actores políticos, sino también lanza una advertencia directa sobre la posible manipulación del proceso electoral. Aunque no se menciona un fraude en términos explícitos, la Iglesia católica señala que poner en duda la celebración de elecciones, o enturbiarlas con prácticas ilegales y financiamiento opaco, representa un peligro real para la legitimidad democrática.
En ese sentido, los obispos demandan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúe con independencia y transparencia, y que la Unidad de Política Limpia audite rigurosamente los fondos que ingresan a las campañas. De lo contrario —afirman— la democracia quedará “salpicada de suciedad”.
La economía también bajo crítica: escándalos financieros y fragilidad institucional
Más allá de la política, los líderes religiosos expresaron su alarma ante la crisis económica derivada del colapso de una empresa de inversiones, que ha dejado a miles de víctimas en la incertidumbre. La Iglesia denuncia que esta situación no solo ha agravado la desesperación de la población, sino que ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas de regulación financiera y justicia en el país.
“Exhortamos al gobierno a buscar una pronta solución… basada en una investigación a fondo que conlleve a deducir responsabilidades, sin importar privilegios”, exigen.
La nota también llama a evitar los “falsos paternalismos” del Estado y a implementar reformas reales para que este tipo de estafas no vuelvan a repetirse.
Justicia ecológica y memoria: el caso Juan Antonio López
En un gesto cargado de simbolismo y compromiso social, los obispos también reiteraron su exigencia de justicia en el caso del asesinato del defensor ambiental y delegado de la palabra, Juan Antonio López, asesinado hace más de ocho meses en el Aguán.
La CEH exigió al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que el caso no quede en la impunidad y pidió la implementación inmediata del Decreto 18–2024, que protege los parques nacionales, en especial el parque Carlos Escaleras, por el cual luchó López hasta su muerte.
Asimismo, manifestaron su rechazo a una propuesta de ley que podría facilitar licencias ambientales para proyectos extractivistas, a los que calificaron como una amenaza a la “Casa Común” y a las comunidades que dependen de ella.
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Una voz moral en un país en crisis
Con este mensaje, la Conferencia Episcopal reafirma su papel como voz crítica y moral ante una institucionalidad debilitada, donde la democracia, la economía y el medio ambiente enfrentan amenazas simultáneas.
Si bien su llamado tiene una raíz pastoral, su contenido se convierte en una interpelación política directa: a los partidos, al gobierno, al sistema de justicia y a la ciudadanía.
La pregunta de fondo permanece: ¿serán escuchadas estas advertencias o pasarán, como tantas otras, al archivo del desinterés institucional?
Lo cierto es que, en medio de la incertidumbre nacional, la Iglesia ha decidido hablar claro. Y el país haría bien en prestar atención.
