- El exmagistrado del extinto TSE asegura que el proceso electoral no puede ser detenido por caprichos políticos y que la presidenta del CNE tiene facultades para continuar sin consenso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La autoridad histórica más reconocida del sistema electoral hondureño rompió el silencio para defender la legalidad del cronograma electoral y frenar lo que calificó como una “obstrucción sistemática” con motivaciones políticas.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, legitimó jurídicamente las decisiones unilaterales adoptadas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la negativa de otros consejeros de continuar con las etapas ya aprobadas.
Mejía fue contundente al advertir que “ningún acto que obstaculice el proceso electoral debe ser tolerado”, subrayando que la Constitución de la República establece con claridad que el desarrollo de elecciones libres y periódicas es un principio fundamental del sistema democrático hondureño.
“El sistema electoral en Honduras es parte esencial del orden constitucional y está protegido por normas superiores. Cualquier intento por entorpecerlo constituye una transgresión directa a la Constitución”, enfatizó el exmagistrado.
En su análisis jurídico, identificó como principales responsables de esta crisis institucional a “los dos consejeros suplentes y el consejero Marlon Ochoa”, señalándolos como actores que deliberadamente se oponen a la continuidad del cronograma electoral aprobado legalmente. “Estamos ante una falta grave de tipo político, administrativo y penal”, sostuvo.
La intervención de Mejía otorgó respaldo no solo legal, sino también procedimental, al recordar que el cronograma ya fue aprobado en el pleno del CNE y no requiere de nuevas votaciones para su implementación.
En ese contexto, afirmó que la presidenta del órgano electoral posee todas las facultades para proceder con acciones ejecutivas sin necesidad de consenso.
“La presidenta del Consejo tiene la representación legal del órgano. Si ya fue autorizada, por ejemplo, la contratación de tecnología electoral, lo único que corresponde es proceder con la firma. No se puede detener el proceso por el capricho de quienes están en desacuerdo”, explicó Mejía.
El respaldo fue explícito hacia los consejeros que, a pesar de la obstrucción, están dispuestos a continuar con las etapas programadas del proceso. Mejía les instó a “acogerse a la normativa constitucional y seguir adelante. La ley está de su lado”.
Una de las advertencias más graves del exmagistrado apuntó a las motivaciones políticas detrás del bloqueo institucional. “Hay actores políticos que, al no tener buenos resultados en los sondeos, buscan entorpecer las elecciones mediante medidas de fuerza. No se puede permitir que se tuerza el brazo de quienes queremos una elección libre, transparente y conforme a la ley”, concluyó.
La intervención de Arístides Mejía no solo introduce un marco jurídico claro para actuar ante la crisis del CNE, sino que también otorga legitimidad histórica y constitucional a las acciones necesarias para garantizar elecciones libres en 2025.