TIJUANA, MÉXICO. –
La nueva ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el llamado “turismo de parto” encendió las alarmas en la frontera con México, donde durante décadas mujeres mexicanas han cruzado con visa de turista para dar a luz en Estados Unidos, una práctica que ahora enfrenta un mayor escrutinio migratorio.
Las medidas forman parte de un nuevo intento de Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento, después de que la Corte Suprema frenara una orden previa que buscaba limitar ese derecho, protegido por la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
“Son dos órdenes ejecutivas que emitió el presidente Trump el 6 de agosto pasado para combatir el ‘turismo de parto’”, explicó a EFE el antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana.
“Pero el antecedente de esas órdenes ejecutivas que acaban de emitir es el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia para frenar lo que Trump pretendía: eliminar la ciudadanía por nacimiento”, agregó.
Según Clark Alfaro, las nuevas disposiciones se traducen en mayores controles en los puertos de entrada y consulados estadounidenses sobre extranjeras embarazadas que pretendan ingresar legalmente al país.
“Esas son las que van a ser minuciosamente interrogadas”, afirmó el especialista.
Una práctica común en la frontera
El impacto puede ser especialmente sensible en Tijuana, una ciudad estrechamente vinculada con el vecino estado de California y donde numerosas familias tienen integrantes nacidos a ambos lados de la frontera.
“Muchos fronterizos, porque es parte del fenómeno cultural y social de la frontera, muchos fronterizos con visas de turista, las esposas cruzaron para que el hijo naciera o la hija naciera allá y luego regresaran”, explicó Clark Alfaro.
El antropólogo advirtió que las medidas podrían alcanzar a padres cuyos hijos nacieron anteriormente en Estados Unidos tras ingresar con visas de turista.
“Desde hace ya varios días están empezando a cancelar visas, visas B1/B2 a padres de familia cuyos hijos nacieron en Estados Unidos”, sostuvo.
Estados Unidos, sin embargo, ya restringía el denominado «turismo de parto» desde el primer mandato de Trump. En enero de 2020, el Departamento de Estado modificó sus normas para permitir que los consulados nieguen visas de visitante cuando consideren que el propósito principal del viaje es dar a luz para conseguir la ciudadanía estadounidense del bebé.
Las reglas estadounidenses contemplan, en cambio, el ingreso con visa de visitante para recibir tratamiento médico, por lo que el embarazo por sí mismo no constituye una prohibición para entrar al país.
Temor por posibles riesgos sanitarios
El presidente del Baja Health Cluster en Tijuana, Jesús Fabián R. Walters Arballo, expresó su preocupación por posibles consecuencias sanitarias del endurecimiento de controles fronterizos.
“Lo que no queremos es que exista un problema de salud o que se pongan en riesgo por ese motivo”, afirmó.
El médico señaló que una mujer con un embarazo muy avanzado podría despertar mayores sospechas sobre el objetivo de su viaje.
“Si va una paciente con nueve meses de embarazo a cruzar a Estados Unidos, es muy claro que va a ir a obtener ese nacimiento. Probablemente haya una restricción por parte de CBP”, consideró.
La ofensiva de Washington incluye además acciones contra las redes que facilitan estos viajes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar el denominado turismo de nacimiento y aseguró que en su primer mes las autoridades actuaron para revocar más de 600 visas de extranjeros sospechosos de participar en estos esquemas.
No existen cifras oficiales sobre cuántas extranjeras viajan anualmente a Estados Unidos específicamente para dar a luz. El Centro de Estudios de Inmigración (CIS), organización partidaria de reducir la inmigración, estimó en 2020 que entre 20.000 y 25.000 mujeres lo hicieron durante un periodo de un año entre 2016 y 2017.
Mientras la nueva ofensiva de Trump avanza, la ciudadanía por nacimiento continúa protegida constitucionalmente para prácticamente todos los nacidos en territorio estadounidense, pero en ciudades fronterizas como Tijuana crece la incertidumbre sobre las consecuencias que los nuevos controles puedan tener para las familias binacionales.
Con información de EFE
