La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó este lunes su creciente cooperación con las autoridades de Honduras para mejorar las garantías de respeto a las libertades fundamentales en el país, aunque subrayó que persisten los «retos estructurales» en cuestiones penitenciarias, de seguridad y justicia.
Esta cooperación se analizó en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el director de operaciones y cooperación técnica de esa oficina, Christian Salazar, subrayó que todavía preocupan cuestiones como las altas tasas de violencia contra las mujeres en Honduras o la persistencia de conflictos sociales, ambientales y agrarios relacionados con la tierra.
En este sentido, Salazar expresó su «profundo pesar» por el asesinato el 14 de septiembre del defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López en Tocoa (norte de Honduras).
«Tomamos nota de las recientes detenciones de los presuntos autores materiales e instamos al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial que permita sancionar a todos los responsables», aseguró.
Salazar subrayó que, con la asistencia de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, el Estado hondureño ha iniciado procesos estratégicos para abordar los desafíos estructurales, después de que la Administración actual asumiera sus funciones en enero de 2022.
En el campo judicial, por ejemplo, tras décadas de «falta de capacidad técnica, efectividad e independencia», la oficina de la ONU ha ayudado a Honduras en la elaboración de un plan de acción para mejorar el acceso a la justicia.
También ha asistido en la revisión de los tipos penales, cuya interpretación y uso arbitrario había derivado en el pasado en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, añadió.
Otro campo en el que Naciones Unidas asiste a Honduras, recordó, es la elaboración del proyecto de ley de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1980-1993, señaló Salazar, quien instó a una pronta adopción e implementación de esta legislación.
En el campo de los conflictos territoriales, el responsable de la oficina de la ONU dio la bienvenida a la aprobación este año del decreto legislativo que asegura la protección y conservación del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y otras áreas protegidas del país al prohibir en ellas las actividades mineras.
«Su implementación representará un avance en beneficio de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales en favor de las comunidades», aseguró, para añadir que la oficina de la ONU apoya también técnicamente a las autoridades en la resolución del histórico conflicto agrario en el Bajo Aguán.
Salazar reiteró la preocupación de la oficina de la ONU por el estado de excepción en el que se encuentra Honduras desde diciembre de 2022 con el pretexto de luchar contra la delincuencia.
«La suspensión de derechos ha de ser de carácter excepcional, llamamos al Estado a revocar ese estado y en su lugar elaborar e implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos», añadió.
Con información de EFE
