- Diputados opositores acusan a la Junta Directiva de usurpar funciones del pleno y exigen revertir las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, aseguran, fue instalada al margen de la ley.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La confrontación política en el Congreso Nacional de Honduras escala a un nuevo nivel.
Este martes 4 de noviembre, diputados de la oposición convocaron a una sesión extraordinaria a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de anular la Comisión Permanente impuesta por la Junta Directiva que preside Luis Redondo, a quien acusan de violar el mandato del pleno y concentrar el poder legislativo en un reducido grupo de diputados afines al oficialismo.
La decisión surge luego de que la directiva del Congreso ignorara la solicitud de 70 legisladores para extender el período de sesiones ordinarias, una potestad que, según la oposición, recae exclusivamente en el pleno.
La negativa de Redondo y su equipo, sostienen, desconoce la voluntad mayoritaria y constituye un abuso de autoridad.
“La instalación de la Comisión Permanente es ilegal, por eso hoy nuevamente llamamos a una sesión extraordinaria para anular esa resolución y dejar sin valor ni efecto todos los actos de dicha comisión”, declaró la diputada Merary Díaz, quien fungió como secretaria en la sesión extraordinaria celebrada la semana pasada.
Díaz advirtió que el grupo opositor buscará deducir responsabilidades a los miembros de la Junta Directiva por el quebrantamiento del reglamento interno y la Constitución, e incluso acudir al Ministerio Público si es necesario.
La convocatoria fue firmada por reconocidos congresistas opositores, entre ellos Maribel Espinoza, Fátima Mena, Francis Argeñal, Suyapa Figueroa, Claudia Ramírez, Josué Colindres, José Manuel Matheu y la propia Merary Díaz, quienes califican la actuación de la directiva como un “impedimento ilegal” para evitar que el pleno recupere su funcionamiento normal.
Según los firmantes, la Comisión Permanente —integrada sin consenso y sin el aval del pleno— carece de legitimidad y sus resoluciones no tienen validez jurídica.
“El Congreso no puede quedar secuestrado por una minoría que actúa a espaldas del resto de los diputados”, sostuvo una fuente legislativa consultada por este medio.
El pleno del Congreso Nacional no sesiona desde el 27 de agosto, una parálisis que ha frenado la aprobación de leyes clave y que la oposición atribuye directamente al control político que ejerce Redondo en coordinación con el oficialismo.
La crisis legislativa ocurre en un momento especialmente sensible para el país, a menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, donde la transparencia institucional y la independencia de los poderes del Estado se han convertido en temas centrales del debate nacional.
Con esta nueva convocatoria, la oposición busca romper el cerco político impuesto por la directiva y restablecer la autoridad del pleno, mientras crece la presión pública para que el Congreso retome su papel constitucional y deje atrás el impasse que, según varios sectores, erosiona la democracia y favorece la concentración de poder.
