• El pleno del Congreso, dominado por bancadas opositoras en sesión extraordinaria, improbó la reciente prórroga del Ejecutivo y declaró restablecidos los derechos fundamentales. La decisión marca un choque institucional directo con Casa Presidencial y las fuerzas de seguridad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una sesión extraordinaria cargada de tensión política, las bancadas de oposición del Congreso Nacional aprobaron este martes una iniciativa que restablece plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales en Honduras e improba todos los estados de excepción emitidos por el Poder Ejecutivo, incluida la reciente extensión aprobada mediante decreto 37-2025.
La medida marca un punto de quiebre en la relación entre los poderes del Estado y reconfigura el debate sobre los límites legales del uso prolongado del estado de excepción, aplicado sucesivamente durante más de dos años bajo el argumento de combate a la criminalidad.
“El pleno es la máxima autoridad”: advertencia de responsabilidad criminal
Durante la lectura de la iniciativa, la oposición subrayó que el pleno del Congreso es la máxima autoridad del Poder Legislativo, según lo establecido en los artículos 205 y 206 de la Constitución. Bajo esa premisa, advirtieron que cualquier órgano, autoridad o funcionario que actúe en contra de las resoluciones del pleno incurre en responsabilidad criminal.
Se trata de un mensaje directo hacia estructuras internas del Legislativo, hacia el Ejecutivo y, especialmente, hacia las fuerzas de seguridad encargadas de ejecutar el estado de excepción.
Improbado el decreto 37-2025 y su suspensión de derechos
El Congreso improbó específicamente el estado de excepción emitido por el Ejecutivo mediante el decreto 37-2025 y publicado el 2 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta. Esa normativa había establecido la suspensión de derechos constitucionales —incluidos los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99— durante un periodo de 45 días, desde las 6:00 p. m. del 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2025.
Con la resolución aprobada por la oposición, esa suspensión queda sin efecto, y en consecuencia, se restablecen plenamente las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.
Todos los estados de excepción quedan sin vigencia
Además de improbar la prórroga reciente, los diputados opositores declararon invalidos todos los estados de excepción emitidos por el Ejecutivo que no fueron sometidos al Congreso dentro del plazo legal para su ratificación.
El pronunciamiento no solo cuestiona el manejo recurrente de esta figura por parte del Gobierno, sino que también lo acusa de incumplir la obligación constitucional de someter cada decreto a consideración legislativa.
Advertencia directa a la Policía, Inteligencia y Fuerzas Armadas
La resolución incluye un punto de especial relevancia: los funcionarios o empleados públicos —en particular miembros de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público— que incumplan lo aprobado por el Congreso incurrirán en responsabilidad penal, conforme al Código Penal vigente.
Esto implica que cualquier oficial que continúe ejecutando operativos o restricciones amparados en los estados de excepción improbados podría enfrentar consecuencias legales, creando un escenario de tensión operativa entre el Congreso y los cuerpos de seguridad.
Un choque institucional de alto impacto
La decisión del Congreso llega en un contexto político polarizado y con una ciudadanía cada vez más crítica del uso prolongado del estado de excepción, visto por algunos sectores como una herramienta de control más que de seguridad.
El Ejecutivo aún no ha reaccionado oficialmente, pero la postura legislativa coloca al país ante un inminente conflicto de interpretación constitucional entre poderes, con efectos inmediatos sobre la aplicación de medidas policiales y militares en las calles.
Mientras tanto, la oposición celebra lo que considera un “restablecimiento del orden constitucional”, mientras distintos sectores esperan claridad sobre cómo se ejecutará —o resistirá— la resolución en un país donde las tensiones institucionales se intensifican a medida que se acercan las elecciones generales.
