• El exfiscal general ingresó por Guasaule junto a la comitiva hondureña de la CCJ, luego de que el gobierno de Nasry Asfura oficializara el retiro inmediato de Honduras del organismo regional
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El exfiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, abandonó Nicaragua e ingresó nuevamente a territorio hondureño a través de la aduana de Guasaule, en el departamento de Choluteca, luego de la decisión del gobierno hondureño de retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Junto a Chinchilla también retornó la comitiva que representaba a Honduras ante la Corte Centroamericana de Justicia, tras la determinación anunciada el pasado 30 de abril por el presidente Nasry Asfura, quien ordenó que el Estado hondureño se retire “con efecto inmediato” del convenio constitutivo del organismo regional.
El convenio de la CCJ había sido suscrito por Honduras el 12 de diciembre de 1992 como parte del proceso de integración regional impulsado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Sin embargo, la salida del país marca un giro significativo en la relación diplomática y jurídica de Honduras con el máximo tribunal centroamericano.
La salida de Chinchilla ocurre en medio de cuestionamientos y controversias que han rodeado su carrera pública durante los últimos años. El exfiscal fue juramentado el pasado 21 de septiembre como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, cargo que le otorgaba privilegios e inmunidades internacionales por formar parte de un órgano regional adscrito al Sistema de la Integración Centroamericana.
Según establece el artículo 28 del Convenio del Estatuto de la Corte, los magistrados, el secretario general y otros funcionarios internacionales de la CCJ “gozarán de las inmunidades y privilegios correspondientes a su cargo”, condición que también cobijaba al exfiscal hondureño mientras ejerciera funciones dentro del organismo.
Chinchilla fue nombrado magistrado de la CCJ en 2017 por la Corte Suprema de Justicia de Honduras para un período de diez años que concluiría en 2027. No obstante, en ese momento decidió no integrarse inmediatamente al tribunal regional y solicitó un “permiso especial” para continuar al frente del Ministerio Público de Honduras.
Su permanencia como fiscal general en 2018 estuvo rodeada de fuertes cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos y sociales, quienes denunciaron irregularidades en el proceso que permitió su continuidad en el cargo.
Ahora, con el retiro de Honduras de la CCJ y el retorno de la representación nacional desde Nicaragua, resurgen los debates sobre el alcance de las inmunidades internacionales, el futuro jurídico de los magistrados designados y el impacto político que tendrá la salida hondureña de uno de los principales órganos judiciales de Centroamérica.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han detallado qué ocurrirá con las representaciones nacionales dentro de la Corte ni las implicaciones administrativas y legales que derivarán del retiro oficial del convenio.
