• El sacerdote jesuita lamenta la indiferencia oficial y exige castigo no solo para los gatilleros, sino también para los autores intelectuales del crimen; la Iglesia Católica se suma al clamor de justicia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, denunció a través de sus redes sociales la falta de avances en el esclarecimiento del asesinato del defensor ambiental y regidor de Tocoa, Juan López, ocurrido hace un año en el departamento de Colón.
“Con el rataplán de los tambores y la apabullante indiferencia oficial, conmemoramos primer aniversario de crimen de Juan López teñido de amargo sabor de impunidad”, escribió el religioso, al lamentar la inacción estatal frente a un caso que ha conmovido a organizaciones ambientales y comunidades del Bajo Aguán.
Padre Melo recalcó que no basta con judicializar a los autores materiales del crimen: “No basta que se enjuicie y condene a gatilleros, exigimos requerimientos fiscales a quienes pagaron por el crimen”.
La denuncia del sacerdote se suma a la preocupación expresada por líderes comunitarios, quienes advierten que la impunidad y el hostigamiento contra el movimiento ambientalista continúan intactos.
De forma reciente, la Iglesia Católica organizó una peregrinación en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en la que participaron representantes de distintas diócesis del país para exigir justicia por el asesinato de López.
En ese acto, el arzobispo de Tegucigalpa, monseñor Vicente Nácher, recordó que “Juan López fue asesinado por ser fiel a sus principios y por trabajar por el bien de todos, conforme a la verdad”.
Nácher también subrayó que la exigencia de justicia no se limita a este caso: “Todos los hondureños de buena voluntad deseamos una justicia rápida y eficaz. Y no solamente es Juan López, hay 18 casos más similares de personas que han muerto por defender derechos humanos o la naturaleza en Honduras en los últimos años, y para todos ellos debemos exigir lo mismo”.
El aniversario del crimen se conmemora en medio de fuertes cuestionamientos al Estado hondureño, señalado de no garantizar la protección a defensores de derechos humanos ni de avanzar de manera contundente en la investigación y sanción de quienes financian los ataques contra líderes comunitarios.
