La comunidad internacional expresó este lunes su condena por la situación de derechos humanos en Venezuela y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, en respuesta al informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que documenta una represión sistemática tras las elecciones presidenciales de 2024.
La Unión Europea pidió en la ONU la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los rehenes extranjeros. Noruega, en nombre de los países bálticos, denunció la «complicidad del sector judicial y de la Defensoría del Pueblo con las autoridades en la vulneración de derechos humanos».
Bélgica alertó sobre el efecto de «puerta giratoria» usado como táctica para intimidar a la sociedad civil.
Desde Latinoamérica, Chile afirmó que el régimen de Nicolás Maduro aplica una “política estatal deliberada” y un “plan sistemático” para silenciar y anular a la disidencia. Brasil expresó su preocupación por las detenciones políticas y pidió atender las denuncias de violaciones a los DDHH, mientras que Argentina reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024. Paraguay advirtió sobre la consolidación de patrones represivos y Perú manifestó su alarma por los niveles de represión y acoso contra la oposición.
Entre los países europeos, España exigió la liberación de 20 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, mientras que Portugal alertó sobre la supresión de la oposición política.
República Checa denunció el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos, Austria calificó las violaciones como “alarmantes e inaceptables” y Ucrania habló de abusos “generalizados y sistemáticos”.
Por su parte, Polonia advirtió sobre la escalada de persecución contra defensores de DDHH e Irlanda puso el foco en la represión contra periodistas, comunidades indígenas y personas LGBTI.
En su intervención, Suiza pidió el cese de las prácticas represivas y se ofreció a “construir puentes” para una solución a la crisis. Japón, desde Asia, reclamó la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los extranjeros.
Las intervenciones coincidieron en denunciar que la represión en Venezuela constituye una política de Estado y exigieron acciones inmediatas para detener las violaciones de derechos humanos.
