De acuerdo con el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, la investigación alcanza a 351 personas y 15 organizaciones con fines políticos.
VENEZUELA.
(RT)- Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), consignó este viernes ante la Fiscalía General de su país el informe final que elaboró la comisión parlamentaria especial para investigar la participación de partidos políticos y diputados de la legislatura 2016-2021 en el despojo y «robo» de la refinadora Citgo Petroleum, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asentada en EE.UU.
En declaraciones ofrecidas a la prensa, el diputado socialista refirió que junto al informe se entregó «un ‘dossier’ contentivo de 19 documentos» a los que los investigadores del caso le atribuyeron el carácter de «elementos probatorios».
Se trata, dijo, de actas de la AN en desacato 2016-2021, acuerdos aprobados por esta AN 2016-2021, juntas ‘ad hoc’ que fueron designadas de manera ilegal por esta AN en desacato, que tenía como objetivo principal apoderarse de empresas venezolanas, de bienes venezolanos en el extranjero, de los cuales la empresa Citgo sería el más importante.
A lo anterior sumó la «copia fiel del acta de la sesión del 5 de febrero de 2019», en la que se aprobó el así denominado ‘Estatuto para la transición a la democracia’, con el que se pretendió revestir de legitimidad al ‘Gobierno interino’ liderado por el entonces parlamentario Juan Guaidó.
«Allí consta qué diputados aprobaron esta acta. Y así, 19 anexos, documentos, elementos probatorios que demuestran la implicación que tienen estos actores que forman parte del robo más grande de la historia de Venezuela: el robo de la empresa Citgo Petroleum Corporation», completó.
Saquear el país
De su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, catalogó los hechos como «una de las peores tramas de corrupción que ha conocido Venezuela en su historia republicana», en tanto «quienes cometieron estos gravísimos delitos, no tuvieron cualidad alguna previa de cargo popular alguno, sino que fueron [designados] a dedo, electos desde el exterior bajo la administración de Donald Trump para ejercer un Gobierno que buscó saquear el país, desestabilizar e, incluso, propiciar una invasión extranjera».
Con referencia al informe entregado por Infante, el funcionario reveló que está familiarizado parcialmente con su contenido y detalló que, además de información relativa a la aparente implicación de parlamentarios y juntas directivas ‘ad hoc’ en el despojo de la compañía refinadora, también incluye «el listado de los partidos políticos que fueron cómplices de ese robo, así como de distintas organizaciones no gubernamentales […] que recibieron financiamiento por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo».
En su decir, hasta el momento, se ha recabado evidencia contra 351 personas y 15 organizaciones con fines políticos, que pese a su diverso origen habrían unido esfuerzos para «delinquir contra el país, atentar contra el patrimonio de la nación, ocasionar –junto al bloqueo y las sanciones– dolor y sufrimiento a nuestro pueblo y violar masivamente los derechos humanos».
Saab llamó a recordar que el plan de asalto de la lucrativa empresa venezolana no comenzó en 2019. En 2017, el Ministerio Público inició una investigación penal contra «la alta gerencia de Citgo Corporation» por la firma a espaldas del Ejecutivo de un acuerdo de préstamo con las empresas Frontier Group Management y Apollo Management en condiciones desfavorables para la refinadora, que se ofreció como garantía en la transa. Esto, sostuvo, «comprometió el patrimonio de la República».
Por esta causa fueron condenados en 2020 José Ángel Pereira, expresidente de Citgo, así como los exvicepresidentes Torneo Vadell, Alirio José Zambrano, Jorge Luis Toledo y José Luis Zambrano, a los que la Justicia halló culpables de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, relató.
- En junio pasado, Caracas denunció que tribunales estadounidenses intentan despojarla de su compañía por medio de un «un procedimiento judicial de venta forzosa de acciones claramente contrario a derecho», al excluir a las autoridades del proceso e impedirles ejercer el derecho a la defensa, todo ello en interés de «expoliar» a los venezolanos.
