- Recurso ante la Sala Constitucional cuestiona violaciones al debido proceso y podría anular las facultades de la Oficina de Bienes Incautados
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Partido Liberal de Honduras (PLH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que dio vida a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), normativa que regula la privación de dominio definitivo por bienes de origen ilícito.
De acuerdo con el contexto del recurso, si la acción es admitida y resuelta a favor del instituto político, no solo se declararían inconstitucionales disposiciones clave del decreto, sino que también quedaría sin efecto el actuar de la OABI, anulando las facultades que actualmente ejerce bajo ese marco legal.
Cuestionamientos al Decreto 27-2010
El diputado liberal Alberto Cruz calificó la admisión del recurso como “un paso muy importante” por parte de la Sala Constitucional, al referirse al Decreto 27-2010, que contiene la Ley de Privación de Dominio Definitivo por Bienes de Origen Ilícito.
“Recordemos que este decreto 27-2010 también contempla violaciones de garantías; dentro de esta ley se violenta el principio de defensa y el debido proceso contra imputados. En el caso del PLH, un instituto político que no puede ser responsable de acción penal, es perseguido por actos de personas de carácter individual”, expresó el congresista.
Según Cruz, el recurso plantea que la normativa vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución, particularmente en lo relacionado con el derecho a la defensa y el debido proceso.
Posibles efectos de una resolución favorable
El legislador explicó que, de resolverse sobre el fondo a favor del Partido Liberal, la Sala Constitucional podría declarar la inconstitucionalidad de la ley y derogar sus disposiciones, lo que implicaría un cambio sustancial en el régimen de privación de dominio en el país.
Una eventual declaratoria de inconstitucionalidad tendría impacto directo en las atribuciones de la OABI, entidad encargada de administrar bienes incautados en procesos vinculados a delitos de origen ilícito.
“Es un primer paso y estaremos a la expectativa”, añadió Cruz, al señalar que el partido confía en que la Sala Constitucional analice a profundidad los argumentos planteados.
El recurso abre un nuevo capítulo en el debate jurídico y político en torno a la Ley de Privación de Dominio, una normativa que ha sido clave en la administración de bienes incautados, pero que ahora enfrenta un cuestionamiento directo sobre su constitucionalidad y alcance.
