TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una dura reacción ante la reciente cadena nacional del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la bancada del Partido Nacional emitió este martes un comunicado en el que lo acusa de intentar usurpar funciones constitucionales y utilizar espacios oficiales para amenazar abiertamente a la oposición política.
Las declaraciones del parlamentario, que incluyeron advertencias sobre la posible expulsión de diputados y la instalación de un Congreso alterno, han encendido alarmas sobre el creciente autoritarismo en la conducción del Legislativo.
“La Bancada del Partido Nacional rechaza enérgicamente las declaraciones del coordinador de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, emitidas en cadena nacional. Denunciamos el uso abusivo de este espacio oficial, que se ha convertido en herramienta para amenazar a la oposición política y usurpar funciones que corresponden exclusivamente al Pleno del Congreso Nacional”, señala el comunicado.
Redondo, en la mira por “autoritarismo legislativo”
El mensaje del Partido Nacional no solo critica el tono de la cadena nacional, sino que denuncia una serie de irregularidades legales que, a su juicio, atentan directamente contra el Estado de Derecho.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la insistencia del oficialismo —en particular de diputados afines al partido Libertad y Refundación (Libre)— en utilizar suplentes para cubrir curules de diputados propietarios ausentes, sin respetar que estos deben pertenecer al mismo partido político.
“La ley debe aplicarse de forma integral, no a conveniencia política”, advierte el comunicado, que remite directamente a los artículos constitucionales que definen el funcionamiento del Congreso y la validez de sus sesiones.
Según la bancada opositora, cualquier proyecto de ley debe ser discutido y aprobado únicamente en sesiones formalmente convocadas, conducidas y cerradas por el Pleno de los 128 diputados electos por voto popular.
Alertan que la prolongación indefinida de la actual sesión legislativa no solo carece de base legal, sino que es una práctica antijurídica que podría invalidar cualquier legislación aprobada en ese marco.
¿Una estrategia para imponer una Constituyente?
En un giro aún más preocupante, el Partido Nacional señala que estas acciones podrían no ser errores políticos aislados, sino parte de una estrategia premeditada del oficialismo para forzar una crisis institucional.
“Esto parece encaminado a justificar la disolución del Congreso Nacional y abrir paso a una Asamblea Nacional Constituyente, ante la inminente derrota electoral del 30 de noviembre”, reza el documento.
Esta denuncia se suma a las voces de alerta que, desde distintos sectores de la oposición, cuestionan lo que consideran un uso instrumental del Congreso para fines partidarios, en detrimento de la legalidad, la estabilidad democrática y la confianza ciudadana.
Exigirán el cierre de la sesión “ilegalmente prolongada”
Finalmente, el Partido Nacional anunció que este martes se presentará al Pleno del Congreso para exigir el cierre inmediato de la sesión que, según ellos, ha sido prolongada de forma arbitraria por la Junta Directiva presidida por Redondo.
Además, solicitarán la discusión del acta pendiente de votación, otro punto que ha sido aplazado sin justificación clara.
La confrontación entre el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional parece haber alcanzado un nuevo nivel de tensión, en medio de un contexto político cargado por la cercanía de las elecciones generales.
Si bien el país ha vivido momentos similares en el pasado, la gravedad de las acusaciones actuales —que van desde usurpación de funciones hasta intentos velados de alterar el orden constitucional— exige una respuesta institucional urgente.
En un sistema democrático, las diferencias políticas deben dirimirse dentro del marco legal, no a través de amenazas, cadenas nacionales ni decisiones unilaterales que socaven la separación de poderes.
El riesgo de que el Congreso Nacional se convierta en un campo de batalla político al margen de la Constitución es una advertencia que Honduras no puede darse el lujo de ignorar.
