- El expresidente asegura que Pamela Bondi “no habla a la ligera” y advierte que funcionarios y militares hondureños podrían ser procesados por vínculos con pagos del régimen de Nicolás Maduro.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa avaló este miércoles las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, sobre presuntos sobornos entre Honduras y Venezuela vinculados al uso del espacio aéreo para el narcotráfico, y advirtió que funcionarios y militares podrían enfrentar requerimientos fiscales en el futuro.
Según Lobo, la fiscal estadounidense “no va a hablar a la ligera” en un tema tan delicado y sus señalamientos se sostienen en investigaciones con evidencia.
“Cuando la fiscal general de Estados Unidos dice algo es porque tiene fundamentos para decirlo. No va a hablar a la ligera, más cuando un periodista hondureño le consultó y lo ratificó”, expresó.
Honduras en la ruta del narcotráfico
De acuerdo con Bondi, el régimen de Nicolás Maduro habría pagado a países de la región, incluido Honduras, por permitir el paso de aeronaves con cargamentos de droga.
Lobo sostuvo que estas declaraciones son una señal clara de que las autoridades estadounidenses ya tienen identificados a los responsables de facilitar las operaciones del narcotráfico.
“Si ellos tienen algo específico contra cualquier persona —y repito que muchos funcionarios, incluso militares, de alguna manera estaban colaborando porque estaban recibiendo dinero— tengan la garantía de que ellos tienen identificados quiénes son y no tengan la menor duda de que en el futuro puedan enfrentar un requerimiento fiscal”, advirtió.
Un nuevo frente de presión
Las palabras del exmandatario se suman a la creciente presión internacional sobre Honduras en torno a su papel en las rutas del narcotráfico.
Mientras sectores del oficialismo rechazan las acusaciones y defienden su política antidrogas, figuras como Lobo reconocen la seriedad de las investigaciones y no descartan nuevas implicaciones judiciales contra actores hondureños.
La advertencia revive el debate sobre la penetración del crimen organizado en el Estado y la fragilidad institucional de un país que, a pesar de los cambios de gobierno, sigue siendo señalado como enclave estratégico en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
