TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Una grave denuncia contra agentes de la Policía Nacional de Honduras fue revelada este domingo por el periodista Frank W. Mejía, quien asegura haber sido víctima de agresiones físicas, tortura y robo por parte de uniformados que ingresaron a su vivienda en la colonia La Peña de Comayagüela.
De acuerdo con su hijo y apoderado legal, Stuart Mejía, los policías llegaron con el argumento de buscar a una persona supuestamente desaparecida.
Sin embargo, según el relato del comunicador, lo esposaron, vendaron y golpearon dentro de su propia casa, en un hecho que califica como una “clara violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa”.
Además, Mejía denunció que durante el operativo, los agentes le sustrajeron su teléfono celular y 100 dólares (aproximadamente 2,600 lempiras), dinero que —según explicó— había sido enviado por una familiar en el extranjero.
“Él me cuenta que en reiteradas ocasiones, los policías le decían que lo iban a matar”, declaró su hijo Stuart, quien también ejerce como abogado.
Reacción pública y oficial
La denuncia ha generado una ola de preocupación entre diversos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo organizaciones de derechos humanos y gremio periodístico, quienes han exigido una investigación inmediata y castigo a los responsables.
Ante la gravedad del caso, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, reaccionó públicamente a través de su cuenta oficial en la red X (antes Twitter), anunciando que se ha instruido a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) y a la Inspectoría General de la Policía Nacional para que realicen las investigaciones correspondientes.
“Hemos ordenado a Didadpol y a la Inspectoría General realizar las investigaciones y la deducción de responsabilidades. En esta administración somos respetuosos de la libertad de expresión, garantizando la misma. Igualmente fomentamos y reparamos los derechos humanos”, expresó Sánchez.
Contexto preocupante
Cabe recordar que en Honduras permanece vigente un estado de excepción desde diciembre de 2022, el cual ha sido prorrogado en al menos 18 ocasiones. La mayoría de estas extensiones no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, lo que ha generado críticas sobre su legalidad y posibles abusos en su aplicación.
En este contexto, organizaciones como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Colegio de Periodistas han insistido en la necesidad de revisar el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en lo que respecta a sus actuaciones hacia periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
La denuncia de Frank W. Mejía se suma a una creciente lista de señalamientos sobre abusos policiales durante el estado de excepción, lo que plantea serias dudas sobre los controles internos y el respeto a las garantías constitucionales.
