- La revelación desató el retiro inmediato de la defensa de la consejera del CNE, que denuncia una “payasada” sin validez jurídica, ruptura de cadena de custodia y un proceso contaminado desde el origen.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La controversia por los audios del presunto boicot electoral que involucran a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y al diputado nacionalista Tomás Zambrano alcanzó este miércoles un nuevo punto crítico.
En una conferencia de prensa, los peritos colombianos encargados de analizar las grabaciones admitieron públicamente que el estudio fue financiado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), detonando indignación, cuestionamientos y un profundo caos político y jurídico.
La admisión ocurrió durante la presentación de los resultados del informe pericial solicitado sobre las grabaciones entregadas en octubre pasado por el consejero de Libre, Marlon Ochoa, al Ministerio Público (MP). Según los expertos, los audios serían auténticos.
Sin embargo, la defensa de López asegura que todo el proceso está “contaminado” y sin validez legal.
“A nosotros nos contrata Libre”: la declaración que encendió la polémica
Jason Villamil, director de la empresa colombiana PTC Private Investigation Technology, defendió inicialmente la autenticidad del análisis.
“Validamos la veracidad; son instrumentos que arrojan la realidad en un punto óptimo de 100% de la veracidad”, afirmó, destacando más de cuatro años de experiencia en análisis forense de audios.
Pero el ambiente se tensó cuando un periodista preguntó directamente quién había financiado el peritaje.
Villamil respondió sin rodeos: “A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación.”
La afirmación provocó reacciones inmediatas entre la prensa y malestar en la defensa de la consejera López, que cuestionó la imparcialidad del peritaje desde el momento en que se conoció el origen del financiamiento.
El propio Villamil admitió que los audios les fueron entregados de manera “informal”, y que su labor se limita a la “investigación privada”, aclarando que no representan a ningún ente judicial.
Defensa de López abandona el evento entre reclamos: “Esto es un circo”
Tras la confirmación de que Libre pagó el estudio, los abogados Dagoberto Aspra y Daniela Ferreira, defensores de la consejera López, abandonaron la presentación.
Visiblemente molesto, Aspra calificó el evento como un espectáculo sin rigor técnico: “Es un circo, trajeron dos payasos. Esto es un ridículo. Yo esperaba seriedad.”
El abogado enfatizó que el peritaje no tiene ningún valor legal, ya que los presentadores no fueron nombrados ni juramentados por una autoridad judicial.
“Ellos mismos dijeron que nadie los nombró, que son un ente independiente. No tienen formalidad de perito ni de pericia”, reclamó antes de retirarse.
Defensa denuncia ruptura de cadena de custodia y bloqueo institucional
Aspra recordó que la defensa ha objetado desde el inicio el manejo de los audios, asegurando que el fiscal general, Johel Zelaya, rompió la cadena de custodia al revelar públicamente las grabaciones.
“¿Se puede confiar en alguna pericia cuando se ha roto la cadena de custodia? El propio fiscal general lo exhibió en conferencia de prensa”, cuestionó.
Además, denunció que se le ha negado el acceso a la evidencia para realizar un análisis independiente.
“El Ministerio Público nos dice que nuestra representada no está siendo investigada, y por eso nos bloquean. Estamos en indefensión total”, afirmó.
La Corte Suprema de Justicia también rechazó una solicitud formal de peritaje presentada por la defensa el pasado 13 de noviembre, lo que Aspra calificó como un cierre arbitrario de vías legales.
Ferreira: “La pericia viene contaminada desde el origen”
La abogada Daniela Ferreira coincidió en que el informe carece de legitimidad al provenir de un equipo contratado por un partido político y no por una autoridad judicial.
“De origen, la pericia viene contaminada. No tiene sustento jurídico y fue pagada por un partido político”, afirmó, señalando que acudieron al evento para dejar constancia notarial del proceso.
El caso sigue creciendo mientras el MP guarda silencio
Desde que el fiscal general anunció una investigación penal contra Cossette López, Tomás Zambrano y un militar activo —basada en los audios presuntamente entregados por Marlon Ochoa— el caso no ha dejado de generar tensiones políticas.
López ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando que los audios fueron creados con Inteligencia Artificial y denunciando una persecución política.
Mientras tanto, el Ministerio Público no ha respondido a los cuestionamientos sobre la cadena de custodia ni sobre el financiamiento del peritaje.
Contexto: la denuncia y el origen de los audios
- El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya reveló los audios y anunció una investigación penal.
- Los audios supuestamente muestran conversaciones entre López, Zambrano y un militar sobre licitaciones y movimientos estratégicos antes de las elecciones de 2025.
- Marlon Ochoa, consejero de Libre, entregó la grabación y denunció un presunto plan de sectores opositores y militares para manipular resultados electorales.
- La defensa insiste en que los audios son falsos y generados digitalmente.
- Un caso que amenaza con escalar aún más
La revelación de que el análisis fue contratado por Libre desató una tormenta política y jurídica que podría profundizarse en los próximos días, especialmente ante el silencio del Ministerio Público y la falta de un peritaje oficial realizado bajo estándares judiciales.
El caso se mantiene en el centro del debate público, con acusaciones cruzadas, un proceso cuestionado y una institucionalidad electoral que se ve nuevamente envuelta en una crisis que complica el panorama de cara a las elecciones de 2025.
