TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A criterio del abogado Salomón Amador, el Estado a través de la Procuraduría General de la República (PGR) debe solicitar la nulidad del juicio por los defectos procesales que se dieron en la tramitación del mismo para evitar que se ejecute dicha demanda millonaria.
“Escuchando los argumentos que ha vertido el procurador Manuel Díaz Gáleas, al parecer hubo defectos procesales en la tramitación del juicio argumentando que no fueron notificados en legal y debida forma para recurrir a esa sentencia mediante el recurso de apelación”, dijo.
El profesional del derecho señaló que “la génesis es que ya era una cosa juzgada aun así la Corte Suprema a través de los juzgados le dio inicio a ese trámite. Esos son defectos procesales que en cualquier momento podrían solicitarse de ser cierto y de acreditarse podrían ser motivos para solicitar la anulación del juicio y del fallo que condena a Honduras a pagar millonaria suma”.
En ese contexto, el profesional del derecho manifestó que, esa es una práctica que está utilizando el Poder Judicial de notificar a las personas por las redes sociales o de manera cibernética “en ocasiones a través de llamada telefónica y no dejan constancia”.
“Solo dejan constancia que fue bajo el pretexto que son ministros de la República, demanda dejaría en precario las finanzas de Honduras, por tanto, la PGR debe acudir a las últimas instancias para evitar que el fallo sea ejecutado”, comentó.
“El Ministerio Público debería investigar lo que pasó y quien es el responsable para que esa sentencia no sea recurrida”, concluyó.
