• La acción preventiva busca que la Sala de lo Constitucional verifique de forma inmediata la situación personal de Ana Paola Hall y Cosette López, ante la incertidumbre sobre su ubicación y posibles riesgos para la estabilidad democrática del país
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Procuraduría General de la República interpuso una Acción de Hábeas Corpus (Exhibición Personal) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall Garcia y Cossette Alejandra López-Osorio ante el desconocimiento de su paradero y la posibilidad de una retención ilegítima.
De acuerdo con un comunicado dirigido al pueblo hondureño, la acción fue presentada el 21 de diciembre de 2025 ante la Sala Constitucional, como una medida preventiva y garantista, orientada a la protección de la libertad, integridad y vida de las funcionarias electorales, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Procurador General de la República.
La Procuraduría explicó que el objetivo central del hábeas corpus es que el órgano jurisdiccional competente verifique de forma inmediata y directa la situación personal de las consejeras del CNE, a fin de descartar cualquier afectación a sus derechos fundamentales y brindar certeza tanto a las personas favorecidas como a la ciudadanía en general.
En el escrito presentado ante la Corte, la PGR subrayó que la Constitución reconoce la libertad, la integridad y la vida como fines supremos de la sociedad y del Estado, por lo que resulta indispensable activar los mecanismos legales correspondientes cuando existe una incertidumbre objetiva sobre el paradero y las condiciones en que se encuentran funcionarias que ejercen cargos de alta relevancia institucional.
Asimismo, la institución advirtió que esta situación trasciende el ámbito individual, ya que la falta de certeza sobre el paradero de las consejeras del órgano electoral puede representar un riesgo potencial para la estabilidad institucional y política del país, la paz social, la seguridad nacional y la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña.
La Procuraduría enfatizó que la acción promovida es estrictamente jurídica, preventiva y de naturaleza constitucional, y aclaró que no responde a intereses políticos ni partidarios, sino al deber del Estado de garantizar el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la PGR reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos, y aseguró que dará seguimiento al trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción, así como a los resultados de las diligencias que se ordenen, las cuales deberán aportar claridad y certeza en un momento clave para la institucionalidad democrática del país.
