“Ahí viene don Pedro con los plátanos”, gritan alegres los estudiantes de una escuela de la localidad rural hondureña de Pespire cada lunes, cuando este agricultor llega con los productos de la merienda fresca que cultiva en su parcela en el marco de una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA o WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU.
Pedro, de 57 años, habla del gozo que le da ser agricultor, un oficio que aprendió de su abuelo, porque le permite contribuir “a la nutrición de los niños” y a que tengan “una comida fresca, nutritiva, orgánica y sin químicos”.
En su parcela produce plátanos, maíz, nance, aguacate, yuca, entre otros, que lleva a dos centros educativos del municipio de Pespire, en el departamento hondureño de Choluteca. Los cultiva con el apoyo del WFP, que a través de una asociación local otorga los fondos para sembrarlos y paga a los agricultores por abastecer con ellos a las escuelas.
“Antes nosotros producíamos, pero no teníamos mercado”, afirma, al explicar cómo el programa del ente de la ONU les ha cambiado la vida, pues cuentan ahora con “un pago semanal, con ingresos económicos para alimentación, salud, vestido”.
El WFP promueve las compras públicas locales de alimentos a la agricultura familiar como una herramienta estratégica que contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, una región marcada por desigualdades, pobreza rural y altos costos de dietas saludables.
El Programa “puede desempeñar un rol catalizador actuando como comprador ancla, generando demanda previsible, promoviendo estándares de calidad, fortaleciendo capacidades de organizaciones locales y creando condiciones habilitantes para que gobiernos y el sector privado puedan escalar estos modelos de manera sostenible”, dice a EFE la directora del organismo mundial en Honduras, Stephanie Hochstetter.
Un potencial enorme
La agricultura familiar representa el 81 % de las explotaciones agrícolas de América Latina y el Caribe, pero enfrenta desafíos persistentes como la baja productividad, el acceso limitado a mercados y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
En la región, las compras locales de alimentos están afectadas por varias brechas. En el caso de Honduras, el WFP ha identificado la infraestructura de almacenamiento y procesamiento o los mecanismos de protección financiera frente a riesgos climáticos, entre otros, como explica Hochstetter.
Ante esto, el ente de la ONU plantea estrategias como la integración de las medidas de adaptación climática y gestión financiera de riesgos, o el diseño de mecanismos de compra más inclusivos que se adapten a la realidad de la agricultura familiar.
Ya varios países latinoamericanos han establecido marcos normativos que obligan o incentivan la reserva de un porcentaje específico del presupuesto de alimentación escolar para la adquisición de productos provenientes de la agricultura familiar.
Guatemala sobresale por reservar el 70 % de su presupuesto de alimentación escolar para compras a la agricultura familiar, mientras que Ecuador destina el 35 %; Colombia, Panamá, Uruguay y Brasil el 30 %; México 15 %, Paraguay el 10 % y Chile el 5,25 %, según los datos del informe ‘Mejorando la seguridad alimentaria y la nutrición mediante las compras públicas locales de alimentos a la agricultura familiar’, publicado por el WFP, FAO y Cepal.
“Las compras públicas locales pueden generar múltiples beneficios al mismo tiempo: mejorar la seguridad alimentaria, dinamizar la economía rural de manera inclusiva y contribuir a la sostenibilidad ambiental, siempre que se diseñen con criterios claros de inclusión y acompañamiento a los pequeños productores”, afirma Hochstetter.
Economía e inclusión
El impacto en el mercado laboral producido en el marco de las compras alimentarias apoyadas por el WFP en coordinación con los gobiernos nacionales van desde la generación de 371 empleos por cada 1.000 toneladas de productos inclusivos adquiridos o de 478 empleos por cada millón de dólares invertidos en estas adquisiciones.
Y la inclusión femenina, por ejemplo, en el mercado público brasileño, ha mostrado un crecimiento notable pasando de una participación directa del 23 % en 2008 a un máximo del 80 % en 2019, según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). En 2023, la cifra se situó en el 61,4 %, lo que representa a más de 50.000 mujeres proveedoras.
“Mi esposo es agricultor y eso me fue formando a mí también. Hemos trabajado siempre juntos”, explica Carmen Julia, una hondureña madre de cuatro hijos “todos profesionales” gracias al esfuerzo de años sembrando frijol, que no pudo estudiar de pequeña por falta de recursos.
Ahora, tras aprender hasta el quinto grado de primaria de la mano de sus hijos, capacitarse en agricultura y obtener el apoyo del WFP para cultivar y vender su producción, tienen “un montón de planes: primero ampliar un poquito más la casa, y a futuro seguir la agricultura y que nuestros proyectos sean mejores”.
Con información de EFE
