TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue convocado de urgencia este jueves para conocer y resolver la recusación presentada contra la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, dentro del proceso penal que se sigue contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, acusados por el Ministerio Público del delito de prevaricato.
La convocatoria se produce luego de que la defensa formalizara la recusación y la jueza natural asignada al caso la admitiera, remitiendo el expediente a la Secretaría General de la CSJ, cumpliendo el procedimiento establecido en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.
Ahora será el pleno el que deberá decidir si mantiene apartada a la presidenta del Poder Judicial, designa un nuevo juez natural y elige la Corte de Apelaciones que conocerá el recurso relacionado con el antejuicio.
Defensa exige transparencia y asegura que el caso no debe manipularse en periodo electoral
La abogada defensora, Claudia Erazo, afirmó que el procedimiento está encaminado y debe mantenerse estrictamente dentro de la legalidad para evitar cualquier señalamiento de interferencia política a pocos días de las elecciones generales.
“Esperaremos que el juez natural que sea designado convoque a declaración de imputado después de las elecciones, para que haya transparencia y se mire la imparcialidad. No queremos que esto afecte el sistema democrático en perjuicio de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral”, declaró Erazo.
La defensa ha insistido en que cualquier irregularidad en el proceso podría viciarlo desde su origen, y recalca que la recusación debe resolverse antes de avanzar con cualquier diligencia formal.
Cambios internos en la CSJ y expectativas de un fallo imparcial
El abogado penalista Kenneth Madrid subrayó que la correlación de fuerzas dentro de la Corte Suprema “ha cambiado”, algo que —según dijo— debería reflejarse en decisiones más apegadas al Estado de derecho.
“Creo que ya la oposición tiene sin lugar a dudas mayoría en el Poder Judicial. Así que uno esperaría respeto absoluto a las leyes. En este caso, incluso el antejuicio que presentó el Ministerio Público no está firme; la defensa apeló y debe nombrarse una Corte de Apelaciones”, expuso.
Madrid insistió en que la CSJ debe actuar con independencia, especialmente en un caso que involucra directamente a autoridades electorales en vísperas de los comicios.
El origen del caso: señalamientos de prevaricato
El proceso penal contra los dos magistrados del TJE se deriva de un requerimiento fiscal presentado el 10 de noviembre, en el que se les acusa de emitir resoluciones contrarias a la ley relacionadas con la inscripción de los candidatos Christian Villalobos y Jorge Cálix.
De acuerdo con el expediente, el 27 de octubre los magistrados habrían resuelto una recusación contra el magistrado Flores Urrutia de forma “irregular y antijurídica”, sin integrar el quórum requerido ni seguir los pasos previstos en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
Un caso que tensiona la institucionalidad a días de las elecciones
Con el pleno ya convocado, la CSJ deberá definir el rumbo de un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la independencia política y la solidez del sistema judicial y electoral de Honduras, en un momento de máxima sensibilidad y presión internacional.
La resolución que adopte el pleno no solo marcará la continuidad del proceso penal contra los magistrados del TJE, sino que también enviará un mensaje clave sobre la autonomía del Poder Judicial en un país que se prepara para unas elecciones generales envueltas en debate, incertidumbre y tensiones institucionales.
