TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Jueces que conforman el Juzgado de Ejecución de la Pena, resolvieron en las últimas horas la obligatoriedad de que las autoridades establezcan una serie de medidas de carácter correctivo, resolución que ya fue remitida a la Sala de lo Constitucional y otras unidades jurisdiccionales e instituciones del Estado.
Ante los acontecimientos ocurridos en días recientes en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), los Jueces que conforman el Juzgado de Ejecución de la Pena, resolvieron en las últimas horas la obligatoriedad de que las autoridades establezcan una serie de medidas de carácter correctivo, resolución que ya fue remitida a la Sala de lo Constitucional y otras unidades jurisdiccionales e instituciones del Estado, según se informó.
En el escrito del Juzgado de Ejecución se establecen más de una docena de medidas correctivas y de carácter preventivo que deben ser aplicadas cuanto antes por el Estado y específicamente por las autoridades penitenciarias de este centro carcelario femenino. Los jueces señalan en su resolución que se debe «Implementar un protocolo de emergencias; brindar capacitación continua y especializada al personal para enfrentar situaciones de emergencia carcelaria: incrementar el personal destinado a seguridad interna y establecer patrones de vigilancia constante en el interior de los establecimientos.
De igual manera, la resolución indica que es imperativo «controlar el ingreso de armas, drogas y bebidas embriagantes, a través de registros e inspecciones periódicas; utilizar medios tecnológicos para mantener vigilado el interior y exterior de las prisiones y crear mecanismos de alerta temprana para evitar crisis, así como promover la mediación y resolución alerta de conflictos.
Señalan los togados que se es preciso evitar, combatir y sancionar los abusos de la autoridad con los internos; erradicar la impunidad de todo tipo de hechos de violencia y corrupción: y separar adecuadamente las diferentes categorías de reclusos, entre ellas, las procesadas de las condenadas, los adultos de los menores infractores de la ley, las personas adultas mayores del resto de internos y los privados de libertad por razones de pertenencia a grupos de asociaciones ilícitas. Asimismo, se enfatiza en adoptar medidas de seguridad para victimas sobrevivientes respetando su arraigo familiar e integridad fisica y moral.
«Que la autoridad penitenciaria adopte medidas contra el hacinamiento en las prisiones, destacándose entre ellas: La autoridad competente definirá el número de plazas disponibles en cada centro penitenciario, el cual deberá ser actualizado periódicamente: la ocupación de un establecimiento penitenciario por encima del número de plazas disponibles será prohibido por la ley», indica el informe.
Los jueces de esta unidad jurisdiccional indican que el Estado de Honduras debe cambiar «el enfoque punitivo por un modelo basado en la persona humana que comprenderá tratamientos que tengan como finalidad la reforma y readaptación social de las personas condenadas» y que, en su calidad de garante de los derechos de los internos, adopte medidas a fin de evitar la repetición de hechos similares en los centros penitenciarios.
Esta resolución es vinculante en lo que aplique para todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Además de notificarse la misma a la Sala Constitucional, se envió a Sala de lo Penal del Poder Judicial, al Director del Instituto Nacional Penitenciario, a la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), a la Secretaria de Derechos Humanos y a los Jueces Ejecutores del Habeas Corpus Correctivo.
