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miércoles, septiembre 10, 2025
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Política Limpia en alerta: solo 16 % de candidatos cumple con cuentas diferenciadas

  • De más de 2,000 aspirantes obligados por ley, apenas 326 han registrado sus cuentas bancarias; autoridades advierten riesgos para la transparencia electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia, advirtió que el cumplimiento de la normativa sobre financiamiento político avanza a un ritmo alarmantemente bajo, a menos de tres meses de las elecciones generales en Honduras.

De acuerdo con el listado oficial remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), existen 2,017 Sujetos Obligados a abrir y registrar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de fondos relacionados con actividades electorales.

Sin embargo, hasta el 9 de septiembre, únicamente 326 lo habían hecho, lo que equivale a apenas el 16 % del total.

¿Quiénes han cumplido?

El reporte de la UFTF detalla lo siguiente:

  • Partido Liberal: 1 candidato presidencial, 73 a diputaciones y 151 a alcaldías (225 en total).
  • Partido Nacional: 1 candidato presidencial, 18 a diputaciones y 22 a alcaldías (41 en total).
  • Libre: 1 candidato presidencial, 11 a diputaciones y 20 a alcaldías (32 en total).
  • Democracia Cristiana: 1 candidato presidencial, 13 a diputaciones y 5 a alcaldías.
  • PINU: 5 a diputaciones y 4 a alcaldías (9 en total).

Lo anterior refleja un panorama de debilidad en la aplicación de la Ley de Fiscalización Electoral.

La UFTF reiteró el llamado a todos los actores políticos a cumplir con el artículo 11 de la normativa vigente, que obliga a registrar cuentas diferenciadas antes de iniciar actividades de campaña.

Esta medida busca garantizar procesos transparentes, confiables y con mayor control sobre el origen y destino de los recursos que financian las campañas.

El rezago en el cumplimiento, sin embargo, reaviva cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para exigir responsabilidades y hacer valer la rendición de cuentas en un proceso electoral donde el dinero —y sus orígenes— pueden definir no solo campañas, sino también el futuro político del país.

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