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jueves, febrero 5, 2026

Por el cobro de extorsión paralizado permanece el servicio de trasporte de la empresa “Emtraiol”   

CORTÉS, HONDURAS.

Este lunes, cerradas amanecieron las oficinas de la empresa de transporte interurbano “Emtraiol” en San Pedro Sula y Olanchito, Yoro, debido al alto costo en el cobro de extorsión que deben pagar a estructuras criminales, lo que vuelve insostenible la operatividad del servicio.  

Los encargados de la empresa confirmaron que el pago de “impuesto de guerra” impuesto por grupos criminales ha alcanzado niveles que superan los ingresos operativos, obligándolos a suspender indefinidamente el servicio.

La decisión, según trascendió, fue tomada para salvaguardar tanto al personal como a las unidades de transporte.

En tanto, desde tempranas horas de este día, decenas de pasajeros que habitualmente abordan las unidades, quedaron varados y sin respuesta sobre su traslado, hacia Olanchito, Tela, La Ceiba y Planes Abajo, por lo cual, esperaban con maletas en mano sin entender por qué no llegaban los buses.

La noticia de la suspensión repentina generó confusión, molestia y preocupación entre los pasajeros, quienes temen que el cierre se vuelva definitivo.

Al respecto, una de las usuarias preguntó “¿Nos dijeron que ya no van a operar porque están pagando mucho por extorsión? Dicen que ya no es rentable y por eso cerraron. ¿Y ahora qué hacemos los que viajamos por trabajo o por emergencias médicas?”.

Los usuarios exhortaron a las autoridades para que intervengan, “esto no puede seguir así. El transporte público está siendo aniquilado por la extorsión. Ya no podemos vivir con miedo ni sin transporte”.

Emtraiol ha sido una de las pocas empresas que ofrece rutas directas desde San Pedro Sula hacia zonas del litoral atlántico, y su cierre temporal afecta gravemente la movilidad en el norte del país.

Cabe señalar que, el sector transporte continúa siendo uno de los más golpeados por la extorsión en Honduras.

De acuerdo con estadísticas de organizaciones en defensa del rubro, decenas de empresas han cerrado o reducido sus operaciones por las amenazas y los pagos forzosos a bandas delictivas.

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