- El subjefe de bancada del Partido Nacional es acusado junto a seis personas más de desviar más de 3,000 millones de lempiras; el caso revela cómo la corrupción sigue encontrando refugio en privilegios políticos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El proceso judicial contra el diputado Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, y seis personas más, continuó este lunes en los tribunales hondureños.
Los imputados enfrentan acusaciones de corrupción que involucran más de 3,000 millones de lempiras, pero, pese a la magnitud del caso, todos gozan del beneficio de arresto domiciliario.
El pasado 30 de julio, Márquez fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara bajo cargos de fraude, aunque apenas seis días después la medida fue suavizada por decisión judicial, extendiéndose luego a los otros acusados: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz, Eva Vásquez y Rafael Eduardo Chávez, este último señalado por falsificación de documentos.
La Fiscalía imputa a Márquez, Madrid, Rojas y Vásquez por fraude, mientras que el juez Gradiz enfrenta acusaciones por prevaricato judicial.
El caso gira en torno a demandas ilegales vinculadas con contratos derivados de fondos internacionales tras el huracán Mitch, que derivaron en un convenio extrajudicial con pagos millonarios fuera de procesos judiciales.
Márquez, quien además es uno de los principales líderes nacionalistas en Intibucá, se declara confiado en el proceso y niega cualquier utilización política de su caso en el contexto de la aprobación de préstamos en el Congreso.
“No le hemos fallado al pueblo, ni a Dios, ni al pueblo intibucano”, afirmó.
Sin embargo, las acusaciones de la Fiscalía son contundentes: se habrían drenado más de tres mil millones de lempiras mediante un entramado de contratos irregulares y demandas fraudulentas.
Documentos del Ministerio Público detallan que la empresa estadounidense DRC Inc. subcontrató ilegalmente a NAINSA, y que tras la cancelación de la cooperación internacional ambas promovieron un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
En 2020, Márquez, como secretario de Sedecoas, recomendó un acuerdo “para evitar una erogación mayor”, que derivó en pagos millonarios fuera de los marcos judiciales.
El caso se desarrolla en un contexto particularmente sensible: a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La oposición denuncia persecución, mientras la ciudadanía percibe la decisión judicial como una señal de que la corrupción continúa blindada por el poder político, donde incluso acusaciones multimillonarias terminan en el cómodo beneficio de la prisión domiciliaria.
En definitiva, este proceso no solo expone un presunto fraude colosal, sino que desnuda un patrón repetitivo en Honduras: los poderosos nunca pisan la cárcel. Que a semanas de las elecciones un diputado acusado de saquear fondos públicos sea resguardado en su casa y no en una celda, envía un mensaje devastador: la justicia hondureña está hipotecada, y con ella, la confianza ciudadana en la democracia.
