TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), Fernando Padilla, señaló que la no admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía Política fue por una “falta de legitimidad”.
“La Sala Constitucional ha declarado sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad no por la forma, contenido o el fondo, se declaró sin lugar por falta de legitimación de la funcionaria judicial en vista que ella (juez Karla Romero) forma parte de un órgano colegiado del Poder Judicial”, expresó.
“Lo que la Sala Constitucional declaró no ha lugar es la falta de legitimidad, pero no hemos conocido el fondo el decreto de Amnistía con respecto a la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos No se repitan”, explicó el abogado.
Padilla insistió en que Sala Constitucional de la CSJ conoció la falta de legitimidad de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la jueza Karla Romero, pues ella es parte de un órgano colegiado del Poder Judicial.
“Otros 10 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Sala están en estudio, en su momento vamos a tener que emitir pronunciamiento”, adelantó.
El magistrado argumentó que otra fuera la resolución si los recursos se hubieran presentado en forma colegiada.
“Así es, la ley sobre Justicia Constitucional establece la forma de como debió hacerlo, debió hacerlo como órgano colegiado; en este caso un Tribunal de Sentencia integrado por cuatro jueces y en el expediente no constan las firmas u autorización de los demás miembros del tribunal”, explicó.
“La magistrada coordinadora de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón se excusó de conocer los recursos por razones personales. La ley ya establece que la persona interesada le asiste interponer un recurso de reposición”, indicó.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ, declaró sin lugar el recurso de inconstitucional interpuesto por la juez Karla Romero en contra de la Ley de Amnistía Política.
Fue el 28 de marzo del 2022 cuando la jueza Romero interpuso el recurso, es decir que la resolución tardó más de un año.
La Ley de Amnistía Política es considerada un “pacto de impunidad”, pues otorgó sobreseimientos definitivos a varios exfuncionarios.
