TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidenciable del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lanzó un contundente reclamo al Ministerio Público (MP) por su aparente pasividad ante el escándalo del “chequevideo”, que involucra directamente a miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), actual fuerza gobernante.
A través de su cuenta en la red social X, Asfura cuestionó el doble rasero institucional y la falta de celeridad en las investigaciones:
“¿Por qué están lentos, si la justicia debe ser igual para todos?”, escribió.
El caso del video, que ha circulado ampliamente en redes sociales, donde la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, admiten que parte de los fondos del Estado fueron destinados a equipar coordinaciones del partido Libre, ha despertado sospechas de corrupción, clientelismo y uso indebido de fondos públicos.
Sin embargo, el Ministerio Público —controlado por fiscales cercanos a Libre tras una polémica elección en el Congreso Nacional— no ha emitido hasta ahora ninguna postura oficial, ni ha dado señales de una investigación en curso.
“Honduras necesita confianza y tranquilidad. La Ley debe aplicarse sin distinción de colores políticos”, insistió Asfura, al tiempo que pidió que las instituciones fiscalizadoras del Estado “apliquen la ley sin privilegios”.
El aspirante presidencial cerró su pronunciamiento con una frase cargada de simbolismo: “Con la vara que mides, serás medido, porque la justicia debe ser igual para todos”.
Ministerio Público en silencio, y Libre bajo sospecha
La falta de reacción del MP no ha pasado desapercibida, sobre todo considerando que el mismo organismo ha actuado con mayor velocidad en otros casos que involucran a figuras de oposición.
Esta selectividad ha generado crecientes dudas sobre la independencia del Ministerio Público, especialmente después del controvertido nombramiento de fiscales interinos impulsado por Libre en el Congreso, sin el consenso requerido por la Constitución.
El silencio institucional se convierte en un mensaje peligroso en medio de un proceso electoral que exige garantías, transparencia y piso parejo para todos los actores políticos.
La justicia, lejos de ser un instrumento de equidad, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de protección para el oficialismo y de persecución para la oposición.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo un sistema que parece medir con una vara para los aliados del poder, y otra muy distinta para sus críticos.
