TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo este martes de emitir su opinión sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria con la que el Gobierno busca, entre otras medidas, eliminar 14 de 16 regímenes de exoneraciones fiscales, a lo que el sector empresarial de Honduras de opone.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, declaró que los magistrados no dieron su análisis al proyecto de reforma tributaria que pidió el Congreso Nacional de la República, porque el mismo es de orden económico y administrativo, casos en los que la CSJ no puede pronunciarse, según lo establecido por la Constitución de la República.
Duarte señaló que el artículo 219 constitucional refiere que el Congreso no puede discutir ni aprobar proyectos de ley que tengan como objetivo reformar o derogar disposiciones establecidas en códigos de la República, sin antes escuchar la opinión de la CSJ.
Pero, la norma constitucional exceptúa pronunciamientos de la Corte en proyectos de ley de carácter político, económico y administrativo.
En ese contexto, la posición del pleno de magistrados de la CSJ establece que el Congreso Nacional puede continuar con la discusión del proyecto de Ley de Justicia Tributaria porque «la ley es de orden económico y administrativo», dijo Duarte.
Una comisión presentará próximamente al pleno del Congreso el dictamen de la ley tributaria luego de socializarla con diferentes sectores hondureños, tras su remisión desde el Poder Ejecutivo que la aprobó en un Consejo de Ministros.
La iniciativa viene desde el Servicio de Administración de Rentas (SAR) con el objetivo de incrementar las recaudaciones fiscales en el país.
Oposición
La empresa privada del país se opone al proyecto asegurando que atenta contra la inversión pública y privada, ya que el Gobierno busca eliminar 14 de 16 regímenes especiales de los que gozan algunos rubros económicos, incluido el de turismo.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha advertido que, de aprobarse la ley, sin las recomendaciones que han sugerido a la comisión que dictaminará el proyecto, se perderían al menos 500 mil empleos a nivel nacional.
