- La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre recordó el deber que tiene el Estado hondureño de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia y recordó que, el país incurre en responsabilidad internacional cuando se vulneran los derechos humanos de los privados de libertad
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por las constantes denuncias de supuestas torturas y otras violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en diferentes centros penitenciarios del país.
Ante este escenario que se estaría presentando en los centros penales, la Institución Nacional de Derechos Humanos instó a las autoridades hondureñas a tomar los correctivos y evitar poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad.
Ricardo López, director del Despacho del CONADEH explicó que personal de este ente estatal se ha visto limitado en sus funciones al no permitírseles el ingreso a diferentes centros penitenciarios, desde que la Policía Militar de Orden Público tomó el control.
Agregó que, actualmente, trabajan en una serie de recomendaciones que se harán llegar, oportunamente, al Estado Mayor Conjunto, para evitar que se sigan cometiendo este tipo de situaciones que violentan la Ley Orgánica de este ente estatal.
“Toda restricción en tema de transparencia, en los centros penitenciarios, es condenable y lamentable porque los privados de libertad son personas que únicamente se les ha restringido su derecho a la libertad”.
Destacó que es importante que las instituciones y los defensores de derechos humanos realicen su trabajo sin ningún tipo de restricciones y puedan constatar y verificar la condición de salud y el estado en que se encuentran las personas privadas de libertad en los centros penales.
Aunque existan reglas para ingresar a los centros penitenciarios, la visita de una autoridad del Estado no puede ser condicionada y menos, para constatar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
Diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas privadas de libertad han denunciado que hay centros penitenciarios donde se estarían cometiendo actos de torturas y otras violaciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de estas personas.
Entre las graves violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo, los familiares de las víctimas mencionan la supuesta aplicación de “toques eléctricos”, la “extracción de uñas”, quemaduras de segundo y tercer grado por exposición prolongada al sol.
Además, denunciaron que los hacen dormir desnudos sobre el piso y que los torturan con golpes en sus cuerpos durante la madrugada e incluso que introducen la cabeza, de los privados de libertad, en sanitarios llenos de orina y heces.
Ante este escenario, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno integrar una comisión o un equipo de trabajo que haga una investigación oportuna, efectiva y pueda constatar los riesgos que enfrentan los privados de libertad.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre recordó el deber que tiene el Estado hondureño de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia.
Recordó que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se vulneran los derechos humanos de los privados de libertad.
Honduras cuenta con 25 centros penitenciarios y dos centros anexos que funcionan, uno en el Primer Batallón de Infantería y el otro en el Segundo Batallón de Infantería Aero Transportado Panteras Negras.
Se estima que la población penitenciaria es de 19,557 personas, de las cuales, 18,306 son hombres y 1,251 mujeres.
Actualmente, la situación jurídica de los privados de libertad indica que el 54% se encuentran sentenciados mientras que el 46 en calidad de procesados.
En el caso de las 1,251 mujeres privadas de libertad, 683 tienen sentencia condenatoria mientras que 568 están únicamente procesadas.
Por su parte, en lo que respeta a la población masculina, 8,415 (46%) están procesados y 9,891 (54%) tienen sentencia condenatoria.
