TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Honduras enfrenta una crisis silenciosa que golpea con fuerza a su niñez y adolescencia.
Más de 23 mil adolescentes resultaron embarazadas en 2023, según datos revelados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Una cifra que, más allá del número, representa miles de historias de vulneración, abandono institucional y derechos negados.
La titular de la Senaf, Lizeth Coello, advirtió que el país se mantiene entre los que registran índices más altos de embarazo adolescente en la región, una problemática que sigue creciendo y que en muchos casos implica también violencia sexual, pobreza estructural y falta de acceso a educación integral en sexualidad.
“Solo en 2023 se atendieron más de tres mil niñas embarazadas, algunas menores de 14 años, cuyos casos quedaron registrados en centros de salud. Es una realidad que no podemos seguir escondiendo”, lamentó la funcionaria.
Educación sexual y participación comunitaria: una deuda pendiente
Coello enfatizó que esta crisis debe enfrentarse desde la raíz, con educación sexual y reproductiva desde la familia, la escuela y las comunidades, además de garantizar información clara y científica a niños y niñas sobre su cuerpo, sus derechos y su capacidad de decir no ante situaciones abusivas.
“No se trata solo de prevenir embarazos, se trata de empoderar a la niñez para que no sea víctima de agresiones”, subrayó.
Zonas turísticas y trata de personas: un peligro latente
Durante su participación en una asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), realizada en Roatán, la ministra también alertó sobre el creciente riesgo de trata y explotación infantil, especialmente en zonas turísticas del país. Coello hizo un llamado directo a las alcaldías para que se involucren activamente en la prevención y denuncia de abusos, recordando que la protección de la niñez debe ser responsabilidad de todos los niveles del Estado.
Junto a la funcionaria Sua Martínez, Senaf ha venido desarrollando operativos para la identificación de víctimas de trata, en los que se ha confirmado la participación de menores de edad.
Sistema débil y leyes insuficientes
A pesar del trabajo interinstitucional con la Policía Nacional y el Ministerio Público, Coello reconoció que el sistema judicial y los marcos legales actuales no son suficientes para castigar adecuadamente los delitos cometidos contra menores. En ese sentido, planteó la urgente necesidad de revisar el Código Procesal Penal para que contemple de forma efectiva la condición de vulnerabilidad de niñas y niños víctimas de violencia sexual y explotación.
Además, señaló que solo en los primeros meses del 2025, Senaf ha recibido más de 1,500 denuncias de vulneración de derechos de menores, lo cual ha obligado a desplegar equipos de psicólogos, trabajadores sociales y asesores legales por todo el país. Sin embargo, la falta de recursos y la sobrecarga institucional dificultan la respuesta efectiva.
Cultura de violencia y normalización del abuso
Finalmente, Coello advirtió que parte del problema tiene raíces culturales profundamente arraigadas: el machismo, el castigo físico como método de crianza y la naturalización de la violencia contra las mujeres y niñas. “Estamos promoviendo un cambio en estas conductas que se asumen como ‘normales’, pero que solo perpetúan el daño. Esto requiere un mayor esfuerzo colectivo”, concluyó.
Tasa de embarazos en adolescentes pasó de 89 a 97 por cada 1,000 niñas de 15 a 19 años
La tasa de embarazos en adolescentes en el país subió a 97 por cada 1,000 niñas y jóvenes de entre 15 a 19 años, según lo revelado en el Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2024 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Lo anterior significa que por cada 1,000 adolescentes de entre 15 a 19 años que hay en el país ocurren 97 embarazos en ese rango de edad, situación que debe poner en alerta a las autoridades, padres de familia y demás sectores.
