• Acción impulsada por sectores del Congreso reaviva el debate sobre el control de la institucionalidad en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Este día se presentó la denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya ante el Congreso Nacional, con apoyo de la bancada del Partido Liberal, el PINU y la Democracia Cristiana, sumando un total de 93 votos.
Ha trascendido que serían en total cuatro funcionarios los que podrían ser destituidos a través de este mecanismo de juicio político: el fiscal general Johel Antonio Zelaya, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.
Diversos sectores han comenzado a cuestionar si esta acción marcaría el inicio de un control total de la institucionalidad por parte del Partido Nacional.
En ese contexto, Honduras vuelve a situarse en un escenario de alta tensión política, con señalamientos de posibles prácticas orientadas al control de funcionarios clave en la conducción del Estado.
En medio de pitos e insurrección legislativa, la denuncia contra el fiscal general fue leída en el Congreso Nacional, reflejando el clima de confrontación que impera en el hemiciclo.
Analistas consideran que las acciones de los partidos tradicionales evidencian una disputa por el control del poder.
El actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfrenta cuestionamientos sobre el rumbo que tomará este proceso, en comparación con antecedentes como la suspensión del entonces fiscal Luis Rubí durante la administración de Juan Orlando Hernández, o la elección del actual fiscal Johel Zelaya con nueve votos e impuesto por Luis Redondo, en un proceso ampliamente debatido.
Son nueve los diputados que integran esta comisión que revisará la denuncia y serán los encargados de citar al alto funcionario que ya está suspendido de su cargo.
Tras una serie de argumentaciones contenidas en la denuncia contra el fiscal Zelaya, se aprobó la suspensión inmediata del cargo mientras continúan las demás etapas de juicio político que incluyen investigaciones de los presuntos actos irregulares.
Seguidamente se nombró a Marcio Cabañas de manera interina, actual fiscal adjunto, como titular de la Fiscalía hondureña.
La denuncia se basa el violacion a la constitución por parte de Zelaya
