• La acción sostiene que el Decreto 58-2025 invade competencias exclusivas del CNE, desconoce la declaratoria oficial de elecciones y podría generar una crisis constitucional sin precedentes.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de frenar la ejecución del Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por una mayoría de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, al considerar que invade atribuciones exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pone en riesgo la estabilidad institucional y la sucesión constitucional en Honduras.
La acción fue interpuesta por el abogado Hermes Faustino Ramírez, quien solicitó que la Sala declare la existencia de un conflicto positivo de competencia entre el Poder Legislativo y el CNE, al estimar que el Congreso ha asumido funciones que la Constitución asigna de forma exclusiva al órgano rector de los procesos electorales.
Según el escrito presentado, el decreto aprobado por el Congreso desconoce en los hechos la declaratoria oficial de resultados emitida por el CNE en diciembre de 2025, al ordenar un nuevo escrutinio general total de las actas de cierre en los tres niveles electivos, una facultad que corresponde únicamente al ente electoral.
El recurso advierte que esta actuación constituye una invasión directa de competencias constitucionales, lo que no solo vulnera la autonomía del CNE, sino que también sienta un precedente peligroso al permitir que un poder del Estado interfiera en la definición de los resultados electorales.
Piden suspensión inmediata
Como parte de la acción constitucional, el promovente solicitó que desde el auto de admisión la Sala de lo Constitucional decrete una medida cautelar para suspender provisionalmente el Decreto 58-2025 y cualquier acto de ejecución derivado del mismo, incluyendo posibles recuentos de votos o actuaciones electorales realizadas por el Congreso Nacional.
El escrito sostiene que existe un riesgo de daño grave e irreparable al orden constitucional, a la voluntad popular expresada en las urnas y a la estabilidad del Estado, advirtiendo que permitir la ejecución del decreto podría provocar una parálisis en la sucesión presidencial y un escenario de alta conflictividad política y jurídica.
Partes señaladas
La acción fue interpuesta contra el Congreso Nacional, representado por su presidente Luis Redondo, señalado como el órgano que habría invadido competencias constitucionales.
Asimismo, se incluye como parte al Consejo Nacional Electoral, representado por su consejera presidenta Ana Paola Hall García, en su calidad de autoridad constitucional autónoma responsable de la organización, dirección y declaratoria de los procesos electorales.
El recurso solicita que ambas instituciones sean notificadas y oídas por la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional.
Advertencia de crisis institucional
En el documento presentado ante la CSJ se subraya que la ejecución del decreto cuestionado pondría en peligro la estabilidad institucional del país, al romper el equilibrio entre los poderes del Estado y vulnerar el principio de separación de poderes.
El promovente sostiene que el caso no es solo un debate legal, sino una defensa del orden democrático, ya que está en juego el respeto a la voluntad popular, la independencia del CNE y la legalidad del proceso de sucesión en el poder.
Ahora corresponde a la Sala de lo Constitucional resolver sobre la admisión del recurso, la concesión de la medida cautelar solicitada y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo del conflicto, en un proceso que podría marcar un punto de inflexión en la actual crisis política de Honduras.
