• Rebecca Ráquel Obando será la encargada de resolver el requerimiento fiscal contra Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, tras resolución del Poder Judicial que confirma la asignación por orden de precedencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebecca Ráquel Obando, será quien conozca el caso presentado por el Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados del presunto delito de prevaricato judicial.
La información fue confirmada este martes por el Poder Judicial de Honduras, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el cual detalla que la asignación de esta causa responde a un mecanismo previamente establecido por la Corte Suprema.
Asignación conforme a precedencia
Según el comunicado, desde el año 2023 se estableció mediante el Acta No. 03-2023 que los casos contra altos funcionarios y diputados deben ser asignados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia según el orden de precedencia, disposición que fue ratificada posteriormente en el Acta No. 10-2024.
“Con el propósito de dotar de mayor agilidad, orden y claridad al proceso de asignación de causas penales en contra de altos funcionarios y diputados, se estableció que dichas asignaciones se realizarán conforme al orden de precedencia”, explicó el Poder Judicial.
En cumplimiento de esta normativa, el expediente contra los magistrados del TJE recae en la presidenta de la CSJ, Rebecca Ráquel Obando, quien deberá resolver si admite o no el requerimiento fiscal presentado por el MP.
Contexto del caso
El Ministerio Público presentó el lunes un requerimiento fiscal contra Flores Urrutia y Barahona por el presunto delito de prevaricato judicial, tras emitir una resolución que favoreció la inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Cristhian Adalid Villalobos como aspirantes a diputados por los departamentos de Olancho y Valle, respectivamente.
Ambos magistrados son señalados de haber emitido resoluciones contrarias a la ley y de ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) acatar dichas inscripciones, pese a la existencia de objeciones legales previas.
El requerimiento se presenta luego de que una Sala Ad-hoc nombrada por la presidenta de la CSJ declarara inadmisible una petición anterior del Ministerio Público sobre el mismo caso, lo que motivó una nueva acción fiscal ante la Corte.
Qué sigue en el proceso
De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, una vez asignado el caso a la magistrada presidenta, ella actuará como juez natural, con la potestad de decidir si el requerimiento cumple los requisitos legales para ser admitido.
“Si la magistrada admite el requerimiento, se convocará a una audiencia inicial donde los imputados rendirán su declaración y se determinarán las medidas a aplicar”, explicó Barrientos.
El proceso se enmarca en un contexto político y judicial particularmente sensible, dado el papel del Tribunal de Justicia Electoral en la organización y resolución de controversias relacionadas con los próximos comicios generales.
Compromiso institucional
En su comunicado, el Poder Judicial reiteró su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, afirmando que actuará conforme a los principios de legalidad e independencia judicial.
“El Poder Judicial reafirma su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, la independencia judicial y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, señala el documento, que cierra con el lema institucional:
“Sin temor, ni favor”.
La decisión de que la presidenta de la Corte Suprema asuma el conocimiento del caso agrega peso institucional al proceso, mientras crece la expectativa sobre el desenlace judicial y sus posibles implicaciones en el escenario electoral hondureño.
