- Rebeca Ráquel Obando reconoce irregularidades dentro de los tribunales y promete investigaciones; el Colegio de Abogados exige que sus palabras se traduzcan en acciones concretas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, sorprendió este lunes al reconocer públicamente que dentro del Poder Judicial existen actos de corrupción, aunque aseguró que se están combatiendo.
«No estoy ciega, sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial, que estamos combatiéndola, que es difícil, sí; pero tenemos que pronunciarnos al respecto y hacer lo que como presidenta debo de hacer siempre respetando el debido proceso», declaró la magistrada durante un encuentro con medios de comunicación.
Obando recordó que, según la Constitución de la República, en su artículo 319, ni jueces, ni magistrados ni administradores de justicia tienen permitido participar en eventos políticos. En ese sentido, garantizó que quienes incurran en este tipo de faltas ya están siendo investigados y serán llamados a responder.
«Tengan ustedes la plena certeza que, si ellos han incurrido en alguna falta, esto está siendo ya investigado», afirmó, subrayando que en su trayectoria como jueza “nunca jamás atendí ni evento de ningún tipo político”.
La presidenta de la CSJ también envió un mensaje a los funcionarios judiciales inconformes: «Y si no les parece, está la carrera judicial, el Consejo de la Carrera, para que interpongan sus quejas».
Colegio de Abogados pide pasar de las palabras a los hechos
Las declaraciones de Obando no tardaron en generar reacción. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó que si la titular de la CSJ admite la existencia de corrupción es porque tiene conocimiento y pruebas de los hechos.
«Al hacer esa manifestación, seguramente es porque ella tiene pruebas de lo que ha venido ocurriendo. Y si tiene conocimiento y pruebas, lo que corresponde es que se desarrollen los procedimientos internos, que inicien en la Inspectoría y, si es necesario, lleguen a antejuicios, acciones administrativas y deducción de responsabilidades», indicó Solórzano.
El dirigente gremial agregó que, además de los procesos internos, los casos deben remitirse al Ministerio Público para garantizar justicia.
«El llamado, y lo digo como presidente del Colegio de Abogados, es que en todo proceso se debe garantizar siempre el derecho a la defensa, el debido proceso, y que los casos presentados sean certeros, con evidencia suficiente, para evitar que todo quede en especulación y que los responsables terminen en libertad», concluyó.
Con estas declaraciones, el Poder Judicial queda bajo el escrutinio público, entre la expectativa de que las palabras de su presidenta se traduzcan en acciones contundentes contra la corrupción y el reclamo ciudadano por recuperar la confianza en la justicia hondureña.
