TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, ordenó este sábado una intervención inmediata en el Circuito Jurisdiccional con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Esta acción se deriva de una denuncia realizada por el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, quien reveló la existencia de un juez que presuntamente utiliza su nombre para extorsionar a personas investigadas por corrupción.
En el comunicado emitido por la CSJ, se confirma que la intervención será llevada a cabo por la Supervisión Nacional del Poder Judicial, con un enfoque específico en el Juzgado de Letras de dicha materia.
El objetivo es garantizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial.
De tal manera, para asegurar la transparencia en el proceso, se ha invitado al Ministerio Público, a través de sus Agentes de Tribunales, a acompañar la intervención.
Al respecto, el Poder Judicial ofreció su cooperación total hacia las autoridades del Ministerio Público y las agencias de investigación, siempre con respeto a las garantías individuales y el debido proceso de los involucrados.
«Es fundamental para el Poder Judicial mantener la confianza y la transparencia en el sistema de justicia», destacó el comunicado, en el cual se reafirma que cualquier denuncia de esta naturaleza será tratada con seriedad para garantizar la aplicación efectiva de la justicia y el respeto al Estado de Derecho.
La denuncia del Fiscal General
El detonante de esta intervención fue la denuncia del Fiscal General, Johel Zelaya, quien este sábado informó que un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada había estado utilizando su nombre y el de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) para extorsionar a investigados por delitos de corrupción.
«He ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la aprehensión de un juez de Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción», anunció el fiscal general a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter).
Zelaya aseguró que el juez ofrecía «cierres administrativos» o «sobreseimientos» a cambio de favores, lo que constituye un grave acto de corrupción dentro del sistema judicial.
«Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho: que hay jueces corruptos indignos de llamarse jueces», manifestó el fiscal, quien también advirtió que se está trabajando para desenmascarar a más servidores judiciales implicados en actos ilícitos.
Investigación en curso
Aunque no se ha confirmado el nombre del juez involucrado ni de las personas a quienes presuntamente extorsionaba, Zelaya fue enfático al señalar que las autoridades continuarán trabajando para llevar ante la justicia a cualquier servidor público que incurra en prácticas ilegales, tanto en el Poder Judicial como en el MP.
La investigación de este caso continúa, y se espera que las autoridades hondureñas ofrezcan más detalles conforme avance el proceso de intervención y las acciones legales correspondientes.
