TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta Xiomara Castro anunció la mañana de este martes -6 de junio- durante una cadena nacional la creación de la comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra en Honduras.
Según detalló la mandataria, antes de explicar los puntos de la comisión, dicha creación se llevó a cabo durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
La gobernante, además, mencionó que habrá “acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios, situación, problema y limitantes del acceso a la tierra”.
“La reforma agraria es un asunto pendiente, han transcurrido más de 30 años, desde la promulgación de la ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuestas positivas a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios”, dijo.
Castro detalló que gracias al decreto 18, promulgado en el año 2008 se logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA, y desde 2010 a la fecha hay una mora agraria de más de mil solicitudes.
La titular del Ejecutivo destacó el aporte del sector agropecuario a la economía nacional, el cual aporta el 12.9 % del PIB y el 35 % de las exportaciones del país, la mandataria resaltó que históricamente la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados y señaló irregularidades detectadas en el Instituto de la Propiedad.
“El CNDS ordena a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra elaborar un decreto ejecutivo para ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta resolución y elaborar proyectos de ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reforma de ley que correspondan a poder del estado para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra”, indicó la gobernante.
La reforma agraria de Xiomara Castro también conlleva la conciliación de justiprecios pendiente de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes, según lo expresado en la cadena nacional.
El proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional incluirá una sección que “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva de los bosques”, mientras que el artículo de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, debe ser reformado.
Añadió que “ordenar al IP para que junto al Instituto Nacional Agrario procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tiene carácter legal en sus antecedentes registrados, pero que, en su tramitación y adquisición, tienen el carácter de ilegitimidad”.
Del mismo modo, la mandataria también dijo que se ordena a la Procuraduría General de la República, en los casos que proceda, incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes.
Entre las acciones para solucionar las tomas de tierra y dar seguridad jurídica y tras mencionar una escalada en la ocupación de tierras productivas que genera inseguridad y anarquía e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión, la mandataria indicó que unas 36,451.17 manzanas de tierra que han sido tomadas por diversos grupos, incluyendo “sectores influenciados por el crimen organizado”.
“Las investigaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias y emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo”.
Sobre las invasiones a fincas de palma aceitera, dijo que, de 56 fincas tomadas, se han librado por los juzgados 22 órdenes de desalojo y 9 han sido ejecutadas. Estas invasiones, han causado “graves daños a la producción nacional y la economía”, dijo.
En tal sentido, la presidenta pidió ejecutar las órdenes de desalojo, “el Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el poder Judicial”.
“Se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a las fincas privadas relacionadas con las actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”, indicó.
Asimismo, dijo que las tierras tomadas, y que se encuentren usurpadas en flagrancia permanente, se les aplicará los artículos de la Ley de Fortalecimiento del Sector Productivo, de la palma aceitera, los artículos de Código Penal y del Código Procesal Penal.
“La Fiscalía en forma expedita, solicitará al juzgado correspondiente, la respectiva orden de desalojo preventivo y en casos especiales ordenará a través de un auto motivado, efectuando el desalojo nombrando a un juez ejecutor que no sea un funcionario policial”, afirmó.
La presidenta de la república pidió a las empresas afectadas por las invasiones de tierra que proporcionen toda la documentación necesaria, debidamente registrada, las condiciones, espacios y mantener el debido contacto y proyección social con la población donde están ubicadas sus fincas.
