- Gustavo Solórzano advierte que aplicar un procedimiento equivocado pondría en riesgo la independencia judicial y electoral del país
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, encendió el debate jurídico en torno a la reciente polémica sobre los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), al plantear una pregunta clave:
“¿Antejuicio o juicio político para los magistrados electorales?”
A través de un extenso análisis publicado en la red social X, Solórzano explicó que ambos mecanismos —el antejuicio y el juicio político— tienen naturalezas, finalidades y alcances diferentes, y que su aplicación incorrecta podría tener graves consecuencias institucionales para el Estado de Derecho hondureño.
Diferencia entre antejuicio y juicio político
El jurista detalló que el antejuicio es un procedimiento judicial y procesal que busca determinar si un funcionario con fuero puede perder su inmunidad para ser investigado penalmente.
“No juzga el fondo del asunto, solo autoriza la persecución penal. Aplica típicamente para jueces, fiscales y otras figuras con protección legal”, explicó.
En contraste, el juicio político es un mecanismo de carácter político y constitucional, regulado por el artículo 234 de la Constitución de la República, y procede contra altos funcionarios electos por el Congreso Nacional, como el presidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados y otros cargos cuando existen actuaciones contrarias a la Constitución, el interés nacional o por negligencia manifiesta.
Este proceso, precisó Solórzano, puede derivar en la destitución o inhabilitación del funcionario, pero no implica una sanción penal directa, ya que esta correspondería a otras instancias judiciales.
Los órganos electorales tienen el mismo nivel de protección que la Corte Suprema
El titular del CAH recordó que tanto la Ley Orgánica y Procesal Electoral como la Constitución hondureña otorgan a los magistrados del TJE y a los consejeros del CNE las mismas prerrogativas e inmunidades que gozan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por ello, aclaró que no corresponde aplicarles un antejuicio, sino un juicio político, en caso de denuncias graves relacionadas con el desempeño de sus funciones.
“El artículo 46 de la ley establece que los magistrados solo pueden ser suspendidos o removidos mediante la intervención del Congreso Nacional, con la misma votación requerida para su nombramiento, previa audiencia y conforme a las formalidades constitucionales”, citó.
“Aplicar antejuicio es contrario al procedimiento”
Solórzano enfatizó que la distinción entre ambos mecanismos no es meramente técnica, sino un principio diseñado para proteger la independencia de los órganos electorales y evitar presiones políticas indebidas.
“Si existe evidencia de violaciones a la Constitución o las leyes por parte de magistrados del TJE o consejeros del CNE, primero debe seguirse el procedimiento del juicio político. No puede aplicarse un antejuicio, que está reservado a otros funcionarios”, sostuvo.
El abogado también subrayó que la administración de justicia requiere coherencia jurídica y respeto a los procedimientos, ya que alterar el orden legal debilita la credibilidad institucional del país.
“No podemos corregir un error con otro error institucional que rompa el orden jurídico y siente un mal precedente para el Estado de Derecho”, advirtió.
“Debe prevalecer la coherencia jurídica”
En su mensaje final, Solórzano hizo un llamado a las instituciones y actores políticos para que respeten el marco constitucional y eviten decisiones que socaven la independencia judicial y electoral.
“Hagamos que prevalezca la coherencia jurídica, la defensa de la independencia judicial y electoral, y el respeto al marco constitucional”, concluyó el presidente del Colegio de Abogados.
El pronunciamiento del titular del CAH llega en un momento de alta tensión institucional, cuando el Ministerio Público promueve un antejuicio contra magistrados del TJE, lo que ha desatado una nueva controversia sobre los límites de competencia entre poderes del Estado y la protección de los órganos electorales en Honduras.
