- Gustavo Solórzano advierte que las prórrogas del régimen podrían ser nulas, generar responsabilidad penal y comprometer la legitimidad de las elecciones del 30 de noviembre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó con firmeza la nueva prórroga del Estado de Excepción aprobada por el gobierno de Xiomara Castro, calificando como “improcedente” la suspensión de derechos fundamentales en un período tan sensible como las elecciones generales.
El régimen de excepción fue extendido por 45 días adicionales, desde el 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025.
Solórzano afirmó que estas prórrogas continuas se han vuelto casi permanentes, pese a que la Constitución establece límites precisos.
“Lamentablemente no deberíamos estar en estas manifestaciones casi de manera permanente, pero es nuestro deber ante la sociedad hondureña”, declaró.
“Los decretos de prórroga podrían ser nulos”
El togado subrayó que el artículo 187, numeral 4, de la Constitución establece que toda suspensión de garantías debe ser conocida y revisada por el Congreso Nacional dentro de un plazo máximo de treinta días. La falta de ese control legislativo —advirtió— podría viciar de nulidad jurídica todos los decretos de prórroga, incluido el actual.
“La omisión de este requisito coloca a las autoridades que mantienen el régimen fuera del marco constitucional y podría generar responsabilidad penal y administrativa”, señaló.
Suspender derechos en elecciones es contrario a estándares democráticos
Para el presidente del CAH, la aplicación del Estado de Excepción en un período electoral es “absolutamente improcedente”, pues vulnera los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen en cualquier sistema democrático.
Solórzano recordó que diversos organismos internacionales de derechos humanos han sido claros: no pueden celebrarse procesos electorales bajo regímenes de excepción, ya que estos restringen derechos civiles y políticos esenciales para el libre ejercicio del sufragio, la movilización ciudadana y la competencia política.
Preocupación internacional por la prolongación del régimen
El abogado mencionó además que en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Honduras el 7 de noviembre de 2025, distintos Estados expresaron preocupación por la continuidad del estado de excepción durante casi toda la administración actual.
Varias naciones recomendaron evitar nuevas extensiones y restablecer plenamente las garantías constitucionales, especialmente considerando la inmediatez del proceso electoral.
Llamado al Ministerio Público y a la observación electoral
Ante un escenario que considera delicado, Solórzano instó al Ministerio Público y a los órganos de control constitucional a actuar conforme a la ley, así como a las misiones de observación electoral a mantenerse vigilantes.
“Es imperativo que estas instituciones cumplan con su rol, porque estamos ante una situación que compromete el proceso electoral”, advirtió.
También exhortó al Ejecutivo a reconsiderar la medida: “Este nuevo decreto no es bueno y ojalá que procedan a su derogación. Ya que no queremos escucharnos nacionalmente, escuchemos las recomendaciones de países amigos que desean lo mejor para nosotros como Estado”.
Un decreto que profundiza la controversia
La Gaceta publicó este miércoles el PCM 37-2025, el cual extiende la suspensión de garantías con el objetivo de reforzar las operaciones de la Policía Nacional contra el crimen organizado.
Sin embargo, voces como la del CAH insisten en que la continuidad del régimen en plena recta electoral pone en riesgo no solo derechos fundamentales, sino la legitimidad y credibilidad del proceso democrático del próximo 30 de noviembre.
