TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, calificó como improcedente la posible aprobación de una ley que permita indemnizar con fondos públicos a las personas que invirtieron en Koriun Inversiones, empresa actualmente investigada por captación ilícita de fondos y presuntos vínculos con estructuras criminales.
A través de una publicación en sus redes sociales, Solórzano expuso una serie de reflexiones y recomendaciones técnicas, subrayando que destinar recursos estatales a un conflicto privado no solo es inconstitucional, sino que también representaría un mal precedente legal y financiero.
“Emitir una ley para indemnizar a las personas que invirtieron en Koriun bajo su propio riesgo, en mi opinión, es improcedente porque es darle un fin fuera del mandato constitucional de los recursos públicos que forman parte del presupuesto de la nación”, escribió el jurista.
Solórzano recordó que desde febrero de 2025 el Estado tenía conocimiento de las actividades irregulares de Koriun, por lo que, a su juicio, lo correcto sería proceder conforme lo establece el artículo 16 del Código de Comercio, que contempla la liquidación de empresas que operen fuera del marco legal.
Entre sus principales recomendaciones, el presidente del CAH sugirió:
1. Nombrar una comisión liquidadora que determine quiénes entregaron dinero a Koriun y bajo qué condiciones.
2. Cuantificar los montos captados ilegalmente y establecer la responsabilidad civil de la empresa con los inversionistas.
3. Liquidar los bienes de Koriun para indemnizar, en la medida posible, a quienes participaron en la operación.
4. Deducir responsabilidad penal a los responsables del fraude financiero.
Asimismo, Solórzano advirtió sobre la debilidad institucional del Estado hondureño, la falta de control efectivo por parte de los entes reguladores, y la escasa educación financiera que hace vulnerable a la población frente a esquemas de inversión de alto riesgo.
“Esta es una lección que debe ser atendida por el Estado… No podemos seguir utilizando estas crisis para obtener rédito político. Hay que trabajar en fortalecer la institucionalidad y en educar financieramente a la población”, concluyó.
El pronunciamiento de Solórzano se suma a una creciente ola de críticas desde distintos sectores jurídicos, empresariales y sociales, que consideran que el uso de recursos públicos para compensar a quienes invirtieron en esquemas no regulados violaría los principios de justicia y equidad en la administración del erario nacional.
https://twitter.com/gsolorzanohn/status/1923532504662761553?s=46
