• Tomás Zambrano rechaza que sea un “cheque en blanco” para despedir trabajadores y asegura que se respetarán prestaciones y derechos adquiridos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, rechazó los cuestionamientos de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) sobre el decreto que contempla la fusión de instituciones del Estado, asegurando que la normativa no representa despidos arbitrarios ni vulneración de derechos laborales.
Tras la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, el titular del Legislativo afirmó que el decreto “garantiza al milímetro los derechos laborales” de los empleados públicos y descartó que se trate de una herramienta para realizar cesantías indiscriminadas.
“Afirmación falsa”, responde a Libre
Zambrano sostuvo que calificar la normativa como un “cheque en blanco” para despedir trabajadores es una afirmación falsa y alejada del contenido real de la ley.
Añadió que las personas que resulten afectadas por procesos de fusión institucional recibirán el 100 % de sus prestaciones y garantías adquiridas conforme a la legislación vigente.
En su intervención, también cuestionó la autoridad moral de Libre para posicionarse como defensor de los derechos laborales, recordando que en administraciones pasadas —según señaló— se ejecutaron despidos masivos que incluyeron a más de 15,000 guías de familia.
De acuerdo con Zambrano, esas decisiones derivaron en miles de demandas contra el Estado que hoy representan una carga económica para el país.
Defensa de la reorganización estatal
El presidente del Congreso interpretó que la reorganización del aparato estatal busca mejorar la eficiencia administrativa sin sacrificar derechos adquiridos, y defendió que el proceso se desarrollará bajo el marco legal correspondiente.
Asimismo, destacó que el Partido Liberal respalda la garantía de los derechos laborales dentro del decreto aprobado.
Finalmente, insistió en que el debate debe centrarse en el contenido real de la normativa y no en interpretaciones políticas, reiterando que la reestructuración institucional se ejecutará con respeto al debido proceso y a las garantías laborales de los trabajadores del sector público.
La discusión en torno al decreto mantiene abierto el pulso político en el Congreso Nacional, mientras distintos sectores analizan el alcance real de la reorganización estatal y su impacto en la estabilidad laboral del país.
